Catalogando la situación como «una bomba directa al bolsillo de las familias», algunos diputados que integran las comisiones de Energía y Minería del Congreso manifestaron su preocupación por el alza de las cuentas de la luz de hasta un 23% a contar del 1 de octubre que ratificó la Comisión Nacional de Energía (CNE).
En concreto, la CNE presentó el informe técnico sobre esta alza, de acuerdo a lo que establece la norma que busca saldar la deuda de US$6.500 millones con las empresas eléctricas tras el congelamiento de las cuentas desde 2019.
Consignar que ley de estabilización tarifaria fue despachada por el Congreso el 10 de abril pasado y contempla tres alzas escalonadas. La primera fue a contar del 1 de julio pasado, la segunda desde octubre de este año y la tercera está pactada para enero de 2025.
Ahora bien, y en paralelo, el proyecto de ley que busca extender la cobertura del subsidio eléctrico al 40% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH) retomó su discusión el miércoles en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, tiene como objetivo principal aliviar el costo de la electricidad para las familias de menores ingresos, en medio de una discusión que enfrenta a distintos sectores de la industria.
Durante la sesión, se revisó la propuesta que pretende recaudar US$150 millones anuales a través de las generadoras eléctricas. Sin embargo, este aspecto ha generado polémica debido a la larga disputa en torno al precio estabilizado que perciben dichas empresas.
Este sistema, que regula el precio de la electricidad, ha sido motivo de debate, ya que algunas compañías consideran que no refleja las variaciones del mercado.
En su intervención, el ministro de Energía, Diego Pardow, instó a avanzar en la tramitación del proyecto, advirtiendo sobre el riesgo de no actuar de manera oportuna.
«No caigamos en el ‘gatopardismo’ de que por querer cambiar todo, entonces al final no hagamos nada, porque las familias chilenas, especialmente las que pertenecen al 40% más vulnerable, están esperando que el trabajo que fue anunciado en la mesa donde todos acordamos priorizar este proyecto de ley para llegar lo antes posible con el subsidio», expresó Pardow.
El presidente de la instancia, Marco Antonio Sulantay (UDI), expresó a Emol la importancia de que el proyecto avance, pero hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que se sumen mayores recursos.
«Este proyecto tiene dos dimensiones, una, llegar en tiempo y forma con un buen subsidio a la gente, y la otra, respetar la certeza jurídica con que las empresas participaron en proyectos dentro de la industria eléctrica en Chile», indicó.
Sulantay enfatizó que la falta de financiamiento público es un obstáculo significativo.
«El problema que estamos teniendo es que el Estado no está poniendo recursos públicos en este subsidio, y es por eso que el llamado es al ministro Marcel, para que se allane a entregar recursos frescos y que este proyecto de ley salga lo más rápido posible», manifestó. Según el diputado Sulantay, la urgencia es evidente, ya que muchas familias no podrán soportar las alzas sin ayuda inmediata.
En tanto, el diputado José Miguel Castro (RN) fue uno de los más críticos con la estrategia del Gobierno, señalando que los recursos comprometidos hasta ahora no son suficientes para enfrentar el problema de fondo.
«El Ejecutivo no ha querido entender que no basta con US$20 millones para solucionar el problema», dijo, refiriéndose al subsidio que se ha planteado para aliviar los efectos del alza.
Además, Castro sostuvo que una parte significativa de la comisión se opone a la idea de subir más impuestos a las empresas eléctricas, argumentando que esto afectaría la inversión en el sector.
«Gran parte de la comisión no está dispuesta a subirle más impuestos a las empresas y de esa forma enlentecer lo que es la inversión», afirmó.
Para Castro, la clave está en que el Gobierno asuma una mayor responsabilidad financiera. «Creo yo que aquí lo importante es que el Gobierno ponga sobre la mesa mayor cantidad de recursos, que el IVA por entero se vaya a los consumidores y que también tengamos en cuenta cuánto es el tamaño de las personas a subsidiar».
El diputado Andrés Celis (RN) destacó que el impacto del alza será especialmente grave para los consumidores residenciales y cuestionó la eficacia de las medidas propuestas por el Ejecutivo.
«El aumento del 23% en las cuentas de la luz es una bomba directa al bolsillo de las familias», señaló. Si bien consideró que la expansión del subsidio eléctrico es «un paso en la dirección correcta», insistió en que se necesita hacer mucho más para paliar los efectos de esta crisis.
Celis subrayó la importancia de asegurar la estabilidad de los proyectos energéticos esenciales, como los PMGD -generadoras de menor tamaño-, que juegan un rol crucial en la autosuficiencia energética del país.
«El Gobierno no puede seguir tapando el sol con un dedo, es urgente un plan que ataque de fondo esta crisis y proteja tanto a los hogares como a la infraestructura energética local», enfatizó.
A su vez, la diputada Yovana Ahumada (IND), remarcó que sabían que el congelamiento de las tarifas durante la pandemia «era una medida necesaria para proteger a las familias en un momento crítico, pero siempre fuimos conscientes de que eventualmente habría que regularizar esta situación».
«Hoy estamos viendo el impacto de esas decisiones, y es por eso que estamos trabajando en la Comisión de Energía para encontrar soluciones que minimicen el efecto de este ‘tarifazo’ en las familias chilenas», añadió.
Ahumada enfatizó en que «sabemos que el alza del 23% en octubre afecta fuertemente a los hogares, pero seguimos evaluando formas de apoyar a los sectores más vulnerables y reducir el impacto en sus bolsillos».
Desde el oficialismo, el diputado Cristián Tapia (independiente-PPD) se mostró preocupado por el impacto que tendrá el nuevo ajuste en el costo de la energía.
«Sin lugar a dudas, preocupa este nuevo aumento del costo de la energía en un 23%. Ya sabíamos que en octubre esto iba a suceder, pero acá seguimos trabajando», manifestó.
Tapia destacó que, si bien la comisión ha trabajado intensamente durante el mes de septiembre en el proyecto que aumenta los subsidios, considera necesario revisar los contratos de las grandes generadoras.
«No puede ser que en un país donde se genera tanta energía limpia, y en horarios donde producir energía tiene un costo cero, se sigan subiendo estos valores», afirmó.
Tapia hizo hincapié en que, si bien el ajuste responde a la necesidad de pagar una deuda de US$6.400 millones, no se puede seguir permitiendo que los sectores más vulnerables carguen con estos costos.
«Yo creo que debemos poner más voluntad sobre la mesa, voluntad política del Gobierno, pero también voluntad política de las generadoras», agregó.
Asimismo, el diputado Sebastián Videla (PL) también mostró su inquietud por los efectos que el alza puede tener a mediano plazo.
«Estamos atentos ante cualquier vulneración o efectos a mediano plazo para el ciudadano común», indicó, señalando que en la Comisión de Energía y Minería se están tomando el tiempo necesario para garantizar que las medidas adoptadas brinden seguridad y certezas a la población.
«Este tipo de discusión no es rápida, se requiere ser muy precisos en las acciones y consideraciones a realizar», advirtió Videla, subrayando la importancia de actuar con cautela para evitar que la crisis se agrave.
Con todo, la Comisión de Minería y Energía acordó un calendario de votaciones que permitirá despachar el proyecto antes de que finalice el mes de octubre. Según lo establecido, el miércoles 16 de octubre se votará en general la iniciativa, y posteriormente se abrirá un período para presentar indicaciones, con el objetivo de despacharlo a la Sala el miércoles 30.
