El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, presentó una querella en contra de diez diputados oficialistas en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, a los que acusó de «injurias graves» y «calumnias» en su contra en el marco del Caso Audios.
La acción apunta a parlamentarios que lo mencionaron en la acusación constitucional presentada contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Los querellados son Los acusados son Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC), Nelson Venegas (PS) y , Jaime Sáez (FA), este último diputado por el Distrito 26 de la región de Los Lagos.
«Se trata de personas con altas calificaciones académicas, todos profesionales, con plenos conocimientos de nuestro sistema legal. En efecto, se trata, ni mas ni menos, de quienes aprueban las leyes de nuestro país, es decir, en los hechos que se relatarán se debe asumir la plena conciencia de su actuar, del significado de las palabras contenidas en la acusación, en especial de las frases afrentosas dirigidas a mi persona, y de la ilicitud de su actuar», dice parte del escrito presentado por Chadwick.
En el libelo, indica que «la acusación constitucional es un juicio jurídico-político que se concreta contra autoridades o altos funcionarios del Estado por actos propios del cargo que desempeñan por conductas antijurídicas, haciendo efectiva una responsabilidad constitucional que tiene rasgos tanto jurídicos como políticos, por los ilícitos constitucionales que están establecidos taxativamente en la Constitución Política de la República».
Agrega el texto que los diputados denunciados usaron «expresiones e imputaciones en contra de mi persona, en las cuales me imputan delitos actualmente perseguibles de oficio, y se profieren expresiones en deshonra, descrédito o menosprecio de mi persona, las cuales afectan gravemente mi honor, mi honra e imagen pública».
Según Chadwick, «(…) de esta forma, instrumentalizaron la facultad constitucional que se les ha concedido, utilizando sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra. Buscan sin duda, en este artero ataque, como en los demás que a diario han proferido en la prensa, cancelar mi persona en el ámbito público y privado, pulverizando lo más posible mi reputación«.
