Un verdadero terremoto sacude a la comuna de Ancud tras revelarse una auditoría de la Contraloría General de la República, en la que detectó graves irregularidades en la gestión del Hospital San Carlos de Ancud. Según el informe n.°396/2024, fechado el 15 de octubre, funcionarios y sus familiares accedieron a cirugías de manera prioritaria, saltándose las listas de espera, mientras que personas de escasos recursos vieron sus intervenciones suspendidas por falta de personal y otras causas administrativas.
El documento, al que tuvo acceso Radio Sago, examinó las prestaciones quirúrgicas realizadas durante 2023 a pacientes de la Lista de Espera No GES. El objetivo de la auditoría era verificar que las cirugías se hubieran realizado conforme a los procedimientos y normativas vigentes, y en base a prioridades clínicas. Sin embargo, los hallazgos pintan un oscuro panorama.
De las 1.061 cirugías realizadas en el hospital, un 15,7% (167 intervenciones) fueron destinadas a funcionarios y sus familiares. Lo que más llama la atención es que los tiempos de espera para estos pacientes fueron significativamente menores que para el resto de la población. En áreas como la cirugía maxilofacial o la dermatología, prácticamente todos los cupos fueron asignados a familiares de empleados, dejando fuera a pacientes que llevaban años en espera.
Los casos documentados son impactantes. Por ejemplo, el hijo de un funcionario accedió a una orquidopexia, una operación compleja, tras esperar solo dos semanas, mientras que otros 22 niños llevaban esperando un promedio de 216 días. Asimismo, el primo de otro empleado consiguió en menos de dos meses una cirugía de osteotomía mandibular, saltándose a tres pacientes más graves, con una espera media de 316 días.
Además de los tratamientos preferenciales a familiares, la auditoría reveló que de las 1.972 cirugías programadas, 153 fueron suspendidas, el 63,4% de ellas por causas institucionales. Entre las justificaciones para las suspensiones se mencionan la falta de camas y de equipos médicos, pero también aparecieron errores como la inclusión de material incorrecto en el quirófano o cambios en las tablas de operación para beneficiar a allegados de los empleados.
El diputado del distrito 26 por el partido Liberal, Alejandro Bernales, manifestó su molestia y exigió explicaciones al Servicio de Salud Chiloé.
La respuesta del hospital fue que las priorizaciones clínicas fueron justificadas mediante certificados emitidos por especialistas, pero la Contraloría detectó que estos documentos fueron confeccionados tras la fiscalización, levantando dudas sobre su legitimidad y la verdadera razón de estos privilegios.
Bernales enfatizó en que se necesita trabajar de manera urgente de cara a quienes necesitan atención.
Entre otras irregularidades, el informe también detectó que dos profesionales del recinto no estaban inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud ni contaban con autorización para ejercer.
En ese marco, el informe documenta que el hospital deberá garantizar que el ingreso a las listas de espera y las intervenciones quirúrgicas se realicen de acuerdo a las normativas vigentes, evitando cualquier tipo de discriminación arbitraria. En respuesta a estas irregularidades, la Contraloría ha iniciado un sumario para establecer responsabilidades administrativas y ha ordenado al hospital llevar a cabo un procedimiento disciplinario en un plazo de 15 días hábiles.
Radio Sago realiza las consultas pertinentes al Servicio de Salud Chiloé y la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, sin respuesta hasta el cierre de esta nota.
