Una declaración pública en tal sentido emitió la ONG “Campo Seguro”, la cual realiza seguimiento a un fundo de más de 1.500 hectáreas cuyo propietario se acogió a la ley de quiebras y en este momento se procede a la liquidación de este a través de la junta de acreedores, con opción de compra por parte de CONADI.
Francisco Muñoz Lebretton, Gerente de Campo Seguro, denuncia que hay precedentes que, a lo menos 3 comunidades indígenas con nexo a movimientos violentos de la Araucanía estuvieron involucradas en compras anteriores, con lo cual se exportarían los problemas a esta parte de la Macrozona Sur.
“Chilterra” tiene propiedades en Futrono, Los Lagos y Paillaco. En el proceso actual agrega Francisco Muñoz, existe la opción de venta a CONADI, sin respetar el origen de los beneficiarios al pretender entregar tierras a 8 comunidades indígenas, 7 de las cuales provienen de la Araucanía, compra que además esta viciada o ilegal porque el terreno está en toma y existe una deuda de contribuciones en todas las propiedades.
Oficiaran de la situación a Contraloría como primer camino, pero en lo judicial podrían interponer un recurso de protección, dijo Muñoz. Sin embargo, dependen de la junta de acreedores para que apliquen criterio en el tema, ya que de lo contrario estaríamos instalando comunidades conflictivas en la zona, afirma “Campo Seguro”. También pretenden lograr se legisle para evitar que no se respete el origen de las comunidades que postulan a tierras y se tienda a expandir el problema. Además, esperan que el Congreso acelere la actualización de la ley antiterrorista la que ingreso con suma urgencia en agosto del año pasado, la cual por ahora está en Comisión mixta.
En tanto la Diputada Gloria Naveillán, en el mismo tema, en una intervención en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja solicitó se oficie a CONADI para que no se viole lo que expresamente la ley no permite, porque hay tomas y no pago de contribuciones, además también en el mismo tenor agrega que se exporta el conflicto mapuche a lugares donde no hay problemas de tierras.
DECLARACION PUBLICA DE CAMPO SEGURO.
ONG CAMPO SEGURO SE REFIERE AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN JUDICIAL DE CHILTERRA Y LA EVENTUAL VENTA DE PROPIEDADES A CONADI QUE PRESENTA CONTRADICCIONES Y EVENTUALES ILEGALIDADES
El último fin de semana, el medio The Clinic publicó un reportaje respecto a las gestiones para que las propiedades agropecuarias pertenecientes a Chilterra y Agrícola Dos Ríos – que se encuentran en situación reorganización judicial debido a deudas con acreedores – sean adquiridas por CONADI. El reportaje menciona una “ocupación productiva”, encubriendo lo que en realidad es, una usurpación y limitando la compra a sólo este servicio público.
Efectivamente, la propuesta de reorganización judicial presentada en octubre del presente año, contempla la compra de terrenos por parte de CONADI para ser destinadas a comunidades indígenas, 7 provenientes de la región de La Araucanía y sólo 1 de la región de Los Ríos.
Al respecto, Francisco Muñoz – Gerente de ONG Campo Seguro – señaló que “resultan cuestionables aspectos relevantes de la propuesta: Propuesta de 10 % de comisión por gestiones de enajenación de los bienes, aun cuando en corretaje de propiedades oscila en torno al 2%; prevalencia de comunidades beneficiarias provenientes de la Región de La Araucanía; y deuda de contribuciones desde el año 2021, lo que impide la inscripción de las subdivisiones de las propiedades”.
En cuanto a aspectos normativos, Muñoz indicó que “CONADI se encuentra impedida legalmente de adquirir predios que se encuentren tomados; y la transferencia de propiedades imposibilitada debido a la deuda de pago de contribuciones, cuestiones que haremos presente a los estamentos correspondientes”.
Finalmente, es importante recalcar que es la Junta de Acreedores constituida por Rabobank, Scotiabank, Itaú, Security y Prolesur, quienes este miércoles determinarán la aceptación o rechazo de esta propuesta de reorganización judicial. “Ésta, de ser aceptada, daría continuidad al modus operandi de ocupación ilegal y posterior compra de tierras por parte de CONADI y aún más inquietantes son los precedentes de comisión de hechos violentos, públicamente conocidos, asociados al arribo de comunidades provenientes de La Araucanía”, puntualizó Muñoz.
Valdivia, 5 de noviembre del 2024.
