Son cerca de 120 familias las afectadas por un problema que se originó en abril de este año, tras un conflicto con el municipio por el suministro de agua, cuando el comité de trabajo de Alto La Paloma, presentó un recurso de protección, en contra del municipio, derivando en infracciones municipales.
En reiteradas ocasiones, los residentes han intentado regularizar su situación sin éxito y ahora enfrentan la posibilidad de arresto si no logran pagar las multas, así lo informó la abogada Orieta Llauca.
La abogada Orieta Llauca, representante legal de los afectados, explicó que los vecinos poseen títulos de dominio que acreditan su propiedad sobre los terrenos, aunque el municipio insiste en la falta de permisos de edificación.
La mayoría de los afectados son personas de bajos recursos, adultos mayores o con enfermedades graves, quienes intentan apelar la decisión judicial y organizan beneficios para cubrir las multas mientras esperan una resolución de la corte de apelaciones.
Ante la amenaza de sanciones, los vecinos están agotando todas las vías legales, incluyendo una reciente apelación presentada en la corte de apelaciones, y esperan una resolución favorable.
