Por: Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune.
Santiago,2024.- En Chile, nos enfrentamos a una realidad preocupante: la normalización del uso de licencias médicas falsas. A pesar de ser un delito grave, muchas personas lo justifican como una «estrategia de supervivencia». Algunos las obtienen para extender sus vacaciones, generar ingresos con un segundo empleo o tomarse un tiempo para buscar otro trabajo. Sin embargo, estas acciones tienen consecuencias mucho más allá de lo inmediato: dañan la credibilidad del sistema de salud y perjudican a quienes realmente necesitan acceder a una licencia por razones médicas reales.
Entre enero de 2023 y julio de 2024, sólo en los sectores de retail y supermercados, se emitieron 4.836 licencias médicas. De estas, 666 fueron emitidas por médicos querellados o sancionados por suceso, según datos de ALTO Inmune. Si vamos más a fondo, encontramos que estas licencias irregulares corresponden a 338 personas, y que el 17% provienen de especialidades como traumatología y ortopedia, el 11% de medicina general, el 4,2% de cirugía general y el 0,5% son psiquiátricas.
Estas cifras no son simples números: reflejan un problema estructural y cultural que impacta gravemente a toda la sociedad. Quienes participan en este fraude no solo cometen un delito, sino que también erosionan la credibilidad y sostenibilidad del sistema de salud, perjudicando a quienes realmente necesitan este beneficio. Además, somos testigos de cómo estas prácticas tienden a intensificarse en ciertos periodos del año. Según datos de ALTO Inmune, durante enero, febrero y marzo de 2023 se registró un aumento del 96% en la emisión de licencias médicas fraudulentas por médicos, con una duración promedio de 14 días.
En mi opinión, parte del problema radica en la percepción de que el sistema es flexible o fácil de corromper. Si un entorno social o laboral no sanciona este tipo de conductas, es más probable que se repitan y se perpetúen. La falta de fiscalización robusta y de sanciones ejemplificadoras refuerza este círculo vicioso.
Desde ALTO Inmune, partimos de una premisa clara: todas las personas tienen derecho a acceder a una licencia médica cuando están enfermas. Pero también hemos constatado que hay quienes abusan de este derecho, aprovechándose de un sistema que debería ser un respaldo para quienes realmente lo necesitan. La compra y venta de licencias médicas fraudulentas no sólo incrementa los costos y disminuye la eficiencia del sistema, sino que también genera desconfianza en las instituciones y, lo que es peor, en las personas que actúan de manera honesta.
Nuestras cifras históricas y actuales demuestran la magnitud del problema. Desde 2021 hasta 2024, hemos presentado más de 600 querellas contra este tipo de fraude, logrando condenas importantes:
- La expulsión de 3 médicos del territorio nacional con prohibición de reingreso por 10 años.
- 9 médicos condenados a libertad vigilada intensiva.
- Multas que alcanzan las 100 UTM, además de sanciones accesorias legales.
A esto se suman más de 100 sanciones administrativas logradas tras denuncias ante la Superintendencia de Salud, basadas en la ley 20.585. Dichas sanciones incluyen prohibiciones para emitir licencias médicas y multas considerables. También hemos detectado nuevos fraudes, como la emisión de boletas ideológicamente falsas en centros médicos que disfrazan servicios no cubiertos (como masajes reductivos) como prestaciones reembolsables de kinesiología.
Además, el fraude también se ha trasladado a las redes sociales. Este año, logramos identificar y denunciar más de 150 publicaciones en plataformas digitales donde se ofrecen licencias médicas por valores que oscilan entre los 30 mil y los 100 mil pesos, dependiendo de si el «cliente» pertenece a Fonasa o a una Isapre. Esta situación es gravísima porque demuestra cómo se ha normalizado la venta de este beneficio que debería ser exclusivamente para el cuidado de la salud.
El camino para erradicar esta práctica no es sencillo, pero es necesario. Es fundamental reforzar la fiscalización y endurecer las sanciones para quienes cometen este tipo de fraudes. Debemos recordar que, al final del día, estas acciones no solo afectan al sistema de salud: también dañan a cada persona que necesita acceder a una licencia médica de manera honesta. La solución comienza con un cambio cultural y con un compromiso compartido de respeto y responsabilidad hacia un sistema que debe funcionar para todos.
La lucha contra el fraude en licencias médicas no es sólo una cuestión legal o económica: es un asunto de justicia social y de confianza en nuestras instituciones. Y, la responsabilidad está en manos de todos nosotros.
