El gobierno espera ingresar este miércoles las indicaciones de la reforma previsional, donde se conocerán todos los detalles de los eventuales acuerdos a los que haya podido llegar el Ejecutivo con Chile Vamos.
Pero ya han transcendido algunos temas que vendrían en la propuesta. Por ejemplo, si bien no se va a promover una división de la industria de AFP, ya que no se separará las funciones de administración e inversiones que tienen actualmente, lo que sí se está impulsando es que los actores que deseen entrar a competir para hacer rentar los fondos de pensiones, puedan hacerlo y subcontratar la gestión de cuentas, por ejemplo, mediante el Instituto de Previsión Social (IPS). Eso significa que algún privado que quiera dedicarse a las inversiones de los fondos de pensiones, no tendrá que, por ejemplo, instalar sucursales en todo el país, sino que podrá subcontratarlo junto con la gestión de cuentas.
Sobre el destino de la cotización adicional, en las conversaciones recientes que ha tenido el gobierno con Chile Vamos se ha planteado que un 4,5% de la cotización adicional se destine directamente a las cuentas individuales, y que exista una cotización de 4% al Seguro Social. Eso no significa que se esté introduciendo un 8,5% de cotización extra, ya que una parte de eso actualmente los empleadores ya lo aportan.
Aquel 4% para seguridad social, en la visión del gobierno, se compone del 1,5%, que sería un préstamo reembolsable con el que se busca financiar la garantía por años cotizados para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, lo que sería cotización adicional de cargo del empleador. Pero existe un 2,5% que se destinará a dos mecanismos en conjunto: al llamado bono tabla que busca mejorar las pensiones de las mujeres por su mayor expectativa de vida, y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
El SIS es un beneficio que ya existe, que se financia con una cotización que aporta el empleador, la que puede variar trimestralmente. Por ejemplo, en el último trimestre del año pasado para el SIS se cotizó un 1,5%, pero desde el primer trimestre de 2025 la tasa vigente del SIS para empleadores es del 1,38% de las remuneraciones y rentas imponibles. En la pandemia llegó a estar en cerca del 2%.
La idea es que sea un ente público el que reciba esta cotización del 4% para el Seguro Social, donde también habrá un aporte de recursos fiscales, que son los fondos que se tenía pensado destinar a ampliar el universo de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde el actual 90% a un 100%, como proponía el proyecto en un inicio pero que finalmente se descartó.
Dicha entidad pública que estará encargada del Seguro Social licitará a privados los fondos que no se requieran de inmediato para pagar beneficios, para que puedan hacer rentar dichos recursos.
Ese ente público que recibirá el 4% de cotización, estará también encargado de gestionar el préstamo de 1,5%. La idea es que se emita una línea de bonos según generaciones, de acuerdo al año en que se van a pensionar los afiliados. Es decir, para todos aquellos que se proyecta que, por ejemplo, se van a jubilar en el año 2040, se emitirá una línea de bonos con la cotización del 1,5% que aporten mes a mes. Esa línea de bonos se colocará entregando una tasa de interés según valor de mercado, pero no será transable. En la cuenta individual queda registrado que a cada una de esas personas les corresponde un porcentaje de ese bono, tal como ocurre actualmente cuando las AFP invierten los recursos de los afiliados.
Según confidencian quienes conocen del asunto, este bono es heredable, y por lo tanto, es endosable, y al momento de jubilación de ese afiliado, el bono que se emitió a través de este fondo, le va a pagar al afiliado al vencimiento. Eso sí, la modalidad de pago va a contemplar la opción de emitir otro bono, que esta vez sí será transable en el mercado. En concreto, cuando ese afiliado vaya a las compañías de seguros para obtener una renta vitalicia con los recursos que ha acumulado en su cuenta individual, una parte de esos fondos los entregará la AFP, y la otra parte que fueron dados a modo de préstamo al Seguro Social, se entregarán a la aseguradora como un bono transable de largo plazo a precio de mercado.
Las mismas fuentes aseguran que para el gobierno central esto no va a ser un pasivo, sino que más bien se registrará como un pasivo contingente, tal como ocurre hoy con la garantía estatal para rentas vitalicias, por ejemplo. Pero a diferencia de la garantía estatal en rentas vitalicias, que se ejecuta una vez que ocurrió el evento (la quiebra de una aseguradora, por ejemplo), esta sería una garantía de tiempo y forma, es decir, en caso de que el fondo del Seguro Social no pueda pagar lo que le corresponde, antes de que eso ocurra el Estado va a ir a cubrir lo que sea necesario.
Fuente: latercera.cl
