La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el desafuero contra la diputada Catalina Pérez (ex FA), quien está siendo investigada en el marco del caso Democracia Viva.
En concreto, el desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones debido a la colaboración en la época previa y durante la suscripción de los primeros dos convenios de Democracia Viva.
Al respecto, fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, mencionó que el fallo se resolvió porque «hay probabilidad de que los antecedentes del Ministerio Público sean suficientes, en términos objetivos, para eventualmente continuar con la persecución penal. No hay aquí un pronunciamiento de culpabilidad».
«El tribunal sí entendió que existen antecedentes que justifican la existencia del delito y de la participación, en este caso, de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza», agregó el fiscal.
Este fallo se traduce en que «la Ilustrísima Corte de Apelaciones estima que hay antecedentes objetivos que permiten continuar adelante y conceder el desafuero, lo que significa que hay antecedentes probatorios que lo ameritan», mencionó el persecutor.
Las razones
En esa línea, la sentencia de desafuero enfatizó en que que la diputada Catalina Pérez habría participado activamente «con acciones de colaboración para asegurar la asignación de los convenios a la fundación que representaba su pareja». Esto, porque Pérez habría entregado indicaciones a Andrade sobre cómo elaborar una estrategia para las comunicaciones de Democracia Viva para impulsar la fundación, como que aparentara que en el domicilio del partido Revolución Democrática operaba la fundación.
«Por lo tanto, se expone por los solicitantes que la querellada Sra. Pérez tenía conocimiento de que se estaban realizando actos para asegurar que Democracia Viva pareciera como una fundación con sustento y experiencia, cuando realmente no la tenía, colaborando en ese proceso con actos concretos», señaló el texto.
A esto se suma que Andrade le habría dicho a Pérez que «Carlos Contreras Gutiérrez lo había llamado informándole que ‘parece que pueden salir las lucas’, lo que les permite sostener que la alusión era expresa a la transferencia de fondos que recibiría en la fundación que representaba, producto de convenios que habían concertado suscribir, lo cual fue negado por la misma en su declaración ante el Ministerio Público».
También, cuando Andrade estaba recabando la documentación necesaria para respaldar la próxima suscripción de los convenios, «le pide colaboración a la querellada Pérez para poder producir un documento que diese cuenta de su antigüedad, pero ella le responde que no puede producirlo, y le ofrece, derechamente, ‘hacer un acuerdo mula'».
Por todo esto, en la sentencia se mencionó que «se resalta el conocimiento y colaboración que la querellada mantenía de todo lo que ocurría también durante la ejecución de los convenios, es decir, a esa fecha, en la que aun Democracia Viva mantenía bajo su administración la totalidad de los recursos fiscales, cuando aún no transcurría ni siquiera la mitad del periodo de ejecución de los convenios, conversando con el imputado Sr. Contreras sobre las acciones que aquel desplegaría con el único fin de continuar intentando dotar de legalidad a los convenios suscritos y así, perpetuar la comisión del delito».
Asimismo, en las conversaciones transcritas se evidencia que la diputada «habría propuesto distorsionar los hechos acaecidos barajando opciones como derechamente falsificar un instrumento público (…) y luego recomendando falsificar ideológicamente un instrumento privado, faltando a la verdad en su contenido, derechamente proponiendo manejar la fecha de la falsa renuncia del imputado Sr. Andrade a Democracia Viva», consigna el documento.
En consecuencia, según los antecedentes recabados en la investigación, la diputada tenía «no solo conocimiento y concierto previo para la celebración de los tres convenios fiscales, sino también la realización de gestiones directas con el fin de colaborar en la suscripción de los tratos fiscales aludidos». Esto, mediante acciones como «abogando y cooperando para que la fundación que dirigía su pareja a la fecha de los hechos, obtuviera los fondos, y luego, una vez que salen a la luz los hechos que sustentan esta investigación, realizando acciones directas para evitar el descubrimiento de los hechos presuntamente delictivos que se le imputan».
En esa línea, «los antecedentes que sustentan la presente solicitud de desafuero resultan suficientes para justificar la existencia del delito, desde que, dan cuenta de la celebración de tres convenios celebrados entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo con la Fundación Democracia Viva, quien fue favorecida con cuantiosos recursos públicos destinados al Programa de Asentamiento Precarios».
Por lo anterior, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió acoger la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público y se hace lugar a la formación en causa contra la diputada Catalina Pérez.
Fuente: Emol.com
