Un año. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió el secuestro que desencadenó el caso en torno al ex teniente venezolano Ronald Ojeda, de 32 años, cuya búsqueda a contrarreloj implicó una serie de diligencias policiales y vino a tensionar aún más las ralaciones entre Chile y Venezuela.
La madrugada del 21 de febrero de 2024, un grupo de falsos PDI subieron hasta el piso 14 de un edificio ubicado en la calle El Molino de Independencia, Región Metropolitana.
El ex militar fue plagiado por los delincuentes y nueve días más tarde, es decir, 1 de marzo, el cadáver de la víctima fue encontrado enterrado a 1,40 metros de profundidad en una toma de la comuna de Maipú.
Si bien diversos imputados sindicados como implicados en el crimen han sido detenidos -principalmente en el extranjero-, el caso ha estado marcado por -según supone el Ministerio Público- la idea que gatilló el crimen: un móvil político. Ojeda era un opositor al régimen de Maduro y asilado político en Chile.
De hecho, el fiscal nacional, Ángel Valencia, había transparentado que un testigo, con identidad reservada en la causa, señaló que la orden para cometer el crimen y el pago del mismo vino de Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro y quien es denominado como el «número dos» del chavismo.
«El fiscal (Héctor) Barros me confirma que efectivamente hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y a lo menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello», dijo el 23 de enero en entrevista con Tele 13 Radio la máxima autoridad del Ministerio Público.
En ese contexto, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron rotas, luego de que la Cancillería de Venezuela solicitara a los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz el cese de sus servicios consulares, según dio a conocer el 30 de enero la cartera que está bajo el liderazgo del ministro Alberto van Klaveren.
La ruptura de una débil relación
Sin embargo, expertos coinciden que este hito es la culminación de una relación diplomática deteriorada. En entrevista con Emol, el ex ministro del Interior del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, se remonta a años anteriores para explicar a qué se debe la suspensión del vínculo diplomático entre ambos países.
«Más allá de que no se hayan roto formalmente las relaciones bilaterales, en el hecho están suspendidas por una decisión de la dictadura venezolana», aludiendo a que «el primer hecho significativo de mala voluntad de la dictadura venezolana con el gobierno chileno fue la prácticamente nula colaboración a la hora de la reconducción de ciudadanos venezolanos y personales ilegalmente en Chile».
Por su parte, el ex canciller Teodoro Ribera calificó como «virtualmente» inexistentes las relaciones diplomáticas y políticas entre Chile y Venezuela. «Esto afecta fuertemente a las personas en la renovación de sus documentos, en trámites más precisos para la vida real», agregó.
Asimismo, el ex canciller Heraldo Muñoz indicó que «el rompimiento unilateral de relaciones por parte del régimen de Maduro se debió a una acumulación de factores. Por cierto, la investigación del Ministerio Público sobre el secuestro, torturas y asesinato del ex teniente Ojeda, y la eventual responsabilidad de Diosdado Cabello, el segundo del régimen venezolano, incidió de manera principal». Sin embargo, los cuestionamientos del Presidente (Gabriel) Boric a la permanente violación de los DD. HH., a la ausencia de democracia y a los resultados fraudulentos de la elección del 28 de julio pasado, antecedieron en quiebre de relaciones».
«Chile siempre estuvo dispuesto al diálogo, pero fue el gobierno venezolano el que decidió cortar todos los vínculos bilaterales, incluso los consulares», agregó, destacando que «si se confirma que Cabello ordenó el secuestro, torturas, y asesinato de Ojeda, estaremos ante un hecho gravísimo, violatorio de la soberanía nacional y del derecho internacional de los DD. HH. Ello requeriría pedir su extradición y, si no fuese posible, como sería de esperar, Chile tendría que acumular el caso a la denuncia que Chile ya hizo contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional», puntualizó Muñoz.
Por otro lado, el ex subsecretario del Interior y ex senador, Felipe Harboe, expuso que «es evidente» la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países, debido a que «un país que defiende su soberanía no puede aceptar que otro gobierno intervenga activamente con acciones delictuales para cometer homicidios en su país. Me parece que es una consecuencia natural».
«Quien declaró que las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela estaban cortadas fue el gobierno venezolano», enfatizó, subrayando que «al Gobierno chileno le faltó fuerza para poder expresar su molestia a través de diferentes canales, no solo el retiro del embajador, sino adicionalmente haber concurrido instancias internacionales».
Harboe apunta al fin de la misión del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien permanece en Chile desde agosto de 2024. «Las autoridades venezolanas han sido groseras y poco comedidas en sus afirmaciones respecto a las autoridades chilenas», lanzó el excanciller Ribera.
Entre algunas declaraciones están las de Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, quien dijo que el caso es «una falsa bandera que el Estado chileno encubrió», o los dichos del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien dijo que no va a responder a señalamientos de «los bobos de Boric allá en Chile».
Eric Latorre, director magíster Gobierno U. Autónoma, aseguró que «el caso del teniente Ojeda es particularmente grave, porque se trata de un gobierno extranjero operando en territorio nacional donde es bastante claro a esta altura que alguna injerencia hubo en una operación concertada de inteligencia que sin duda es gravísima».
Interpretaciones
Harboe dijo que el caso representa una «bofetada en la cara al sistema de inteligencia chileno, que no fue capaz de advertir la situación, y al sistema migratorio, que tampoco fue capaz de evitar que entraran personas con antecedentes».
«Las personas que participaron en el homicidio salieron sin que se enterara la policía chilena, ni la inteligencia, ni el gobierno. Eso es francamente vergonzoso», añadió.
«El Gobierno debería tomar cartas en el asunto, no solo desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, sino también desde el punto de vista interno. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes estaban a cargo de que estas cosas no ocurrieran? Y lamentablemente aquí no pasó nada», completó.
Para Ribera el caso implica «un llamado de atención a la capacidad que tiene el Estado chileno de controlar eficazmente sus fronteras y de resguardar la vida de quienes están en el país, sean chilenos o extranjeros».
Por otro lado, Jorge Burgos interpreta que aquello significa «que es un delito de una magnitud gravísima, poco común en la etapa democrática del continente».
«Todo parece indicar en esta etapa procesal que hubo decisión de carácter político en el secuestro y homicidio de un ciudadano que había buscado refugio en un país», cerró.
Por último, el académico Latorre dijo que «esto muestra que el Tren de Aragua y la criminalidad organizada venezolana en particular está operando en el país de manera muy estructurada: tiene capacidad logística y capacidad operativa».
Abogado de la familia
El abogado de la familia de la viuda y hermana del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, dijo a Emol que «ha sido un año extremadamente intenso, tanto en las emociones por las cuales ha pasado la familia como a la hora de manejar la paciencia para esperar resultados».
Dijo que la Fiscalía ha estado «sumamente activa» y que la cancillería «ha estado a la altura, llevando adelante una excelente cooperación internacional, asistencia jurídica mutua». «Esperamos que la cooperación entre los estados siga produciéndose para que Estados Unidos, Colombia y Costa Rica nos hagan llegar a la mayor brevedad a los sujetos extraditables», agregó.
«Estas personas van a tener una defensa técnica, no cabe duda, de calidad, y van a poder ejercer sus derechos, como no lo pudo hacer Ronald Ojeda, quien fue ejecutado al margen de la ley, sin juicio alguno y sin ninguna garantía. Estas personas van a tener todo aquello que se le negó a Ronald Ojeda», cerró.
Fuente: Emol.com
