La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples infracciones en relación a la entrega de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022 tras la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
A través de un Consolidado de Información Circularizada (CIC), el organismo fiscalizador detectó que de los 345 municipios del país, 242 (70%) de ellos habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores.
De este total, 2.876 (54%) corresponden a licencias de tipo no profesionales, 1.509 (28%) son profesionales y 945 (18%) de tipo «especiales», que son necesarias para conducir vehículos policiales, de Bomberos, de las Fuerzas Armadas y maquinaria automotriz.
Cabe señalar que el detalle de la entidad señaló que estas personas adeudarían la mensualidad de 4.706 alimentarios por un monto total de $17.473.007.109.
Además, se determinó que seis municipios del país entregaron más de 100 licencias de conducir de manera errónea, siendo estas Antofagasta (172), La Granja (117), Los Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
Desde la CGR reiteraron en su comunicado que en cada caso, el funcionario municipal a cargo de la solicitud es quien tiene la obligación de confirmar si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Deudores.
Y en caso de que así sea, no otorgar el documento. De lo contrario, incurre en una responsabilidad disciplinaria que será sancionada con una multa entre el 10% y 50% de su remuneración.
CGR apunta contra funcionarios
El CIC evidenció también que 65 funcionarios municipales -entre ellos inspectores, profesionales y choferes- y un concejal habrían obtenido o renovado su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, estando dentro del Registro de Deudores de Pensión Alimenticia.
También se expuso que 482 personas deudoras son familiares de funcionarios que trabajan en la municipalidad en donde habrían obtenido o renovado su licencia de conducir, a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores por Pensión Alimenticia. Entre los cargos de los colaboradores se encuentran alcaldes, directores, directivos, jefaturas, entre otros.
Ante estos antecedentes, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General estaría evaluando futuras fiscalizaciones sobre esta situación con el propósito de corroborar eventuales infracciones advertidas y ejercer las acciones correctivas que correspondan.
Fuente: Emol.com
