Consejero regional calificó de graves las conclusiones que se desprenden a partir de las respuestas que otorgó a la Dirección de Obras Hidráulicas a su solicitud de antecedentes e indicó que es hora de tomar decisiones políticas a nivel regional, siguiendo la señal dada por el Presidente Piñera.
Tras recibir respuesta de la Dirección de Obras Hidráulicas a su solicitud de los informes técnicos que respaldaron la extracción de áridos en la zona aledaña al puente Cancura, entre 2014 y 2018, el consejero regional Alexis Casanova apuntó con dureza a los municipios de Osorno y Puerto Octay y también lamentó la lentitud con que se han abordado las responsabilidades políticas en la zona, a diferencia de la señal dada por Sebastián Piñera, en torno a la caída del puente Cancura.
El consejero regional explicó que los informes técnicos extendidos a Puerto Octay y Osorno entre 2014 y 2018 son nueve -3 para la capital provincial y 6 para la comuna lacustre- y que no dejan lugares a dudas al expresar de manera categórica, respecto de que la visación técnica de la DOH no constituye permiso, y que la fiscalización de la extracciones corresponde a la municipalidades de Osorno y Puerto Octay.
“Los antecedentes están todos sobre la mesa. Siento frustración, y así lo planteé en el último Consejo Regional, por el hecho de que aún no se hayan hecho efectivas las responsabilidades políticas por la caída del puente Cancura que costó la vida a una persona; dejó gravemente herida a otras seis; y está generando un grave perjuicio productivo, turístico, atentando además contra la calidad de vida de miles de personas de la provincia”, aseveró el consejero regional.
Casanova se refirió aquí también al oficio que envió la DOH a Vialidad nueve días antes de la caída del puente Cancura alertando el peligro, sin que se tomen medidas. “Repito, aquí murió una persona, el Presidente hizo efectivas responsabilidades a nivel central y aquí con mayor razón se debería hacer lo mismo”, aseguró.
ANTECEDENTES
Casanova entregará ahora los antecedentes que recibió vía el portal de transparencia con fecha 31 de julio al fiscal que instruye la causa, Nahín Lamas, e indicó que aún está a la espera de los resultados de la solicitud de información que efectuó a ambas municipalidades, para determinar cómo dieron cumplimiento a las fiscalizaciones señaladas en los oficios de la Dirección de Obras Hidráulicas; oficio que señala, además, que la supervisión de los trabajos estará a cargo de fiscalizadores de la Municipalidad de Osorno y Puerto Octay.
“Ya estamos en el plazo para que las corporaciones edilicias cumplan con el plazo legal para entregarme los informes que les solicité por transparencia, a fin de conocer si los permisos que extendieron en el periodo calzan con los informes técnicos, pero sobre todo, cómo se asignaron las funciones de fiscalizadores de estas faenas, como señala el mismo ordinario, ya que ahí cerraremos el círculo de responsabilidades del deterioro de la cuenca que dañó las cepas del puente y de por qué se excedieron los límites de extracción sugeridos por el Plan Maestro de la cuenca que costó 280 millones de pesos provenientes de fondos fiscales”, afirmó.
OTRAS PREGUNTAS QUE SURGEN SOBRE LA CAIDA DEL PUENTE
El consejero regional indicó que ha recibido de parte de los organismos involucrados explicaciones informales respecto de que en la zona aledaña al puente Cancura se había extendido una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por 10 años (2009-2019); no obstante, indicó que al surgir la clara recomendación del estudio del Plan de Manejo de la Cuenca que sugería la extracción de no más de 70.000 metros cúbicos anuales, los municipios deberían haberse ceñido a esto, “porque sólo de ellos depende la entrega de los permisos que sobrepasaron, sólo en 2017, en un 160% el límite técnicamente recomendado tras confirmar el daño de la cuenca cinco años antes”, dijo.
El representante de la provincia de Osorno indicó que los ordinarios establecen que los municipios deberían dar aviso del inicio de los trabajos; que la supervisión estaría a cargo de fiscalizadores municipales. También indicó Casanova que quedaba claro que el municipio podía ponderar otras opiniones técnicas, lo que a juicio de Casanova confirma la validez de las recomendaciones del Plan Maestro.
“También se estableció que todos los meses debería emitirse un informe mensual con el detalle de la extracción realizada, el cual debería entregarse a más tardar al día 5 del mes siguiente en la Oficina de Partes de la DOH, los que procederé a solicitar vía transparencia para ver si de verdad se cumplió con ello. Todo esto echa por tierra lo que señalan los alcaldes que ellos no autorizan la extracción, sino la DOH: ellos la autorizan por ser los administradores de estos bienes nacionales de uso público y tenían la responsabilidad de observar el Plan Maestro”, concluyó.
