Tras dos días de debate, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que busca crear el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, entidad que busca reemplazar al actual Servicio Nacional de Menores (Sename).
La iniciativa tuvo 128 votos a favor, una abstención (de Florcita Alarcón) y un voto en contra de la Presidenta de la comisión de Familia, Pamela Giles. En tanto Gabriel Boric y Pablo Lorenzini se inhabilitaron.
Según se especifica en el proyecto, el nuevo Servicio tendrá por objeto «la protección especializada de niños, niñas y adolescentes (NNA), entendida como el diagnóstico, la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados debido a abuso sexual, maltrato en cualquiera de sus formas, explotación sexual o laboral, negligencia grave o abandono y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones».
Además se señala que lo anterior se realizará mediante «la disposición adecuada de programas especializados, en virtud de una derivación del tribunal o del órgano de protección administrativa competente».
El servicio también deberá «proveer la oferta programática de cuidado alternativo en aquellos casos que, por una amenaza grave e inminente, esté en riesgo la vida e integridad del NNA, siempre que la medida sea decretada por el tribunal competente y no exista otra medida eficaz para evitar la eventual vulneración».
Dentro de los principios que regirán en el nuevo servicio serán «considerar a los NNA como sujetos de derecho, y es deber y responsabilidad obligatoria e indelegable del Servicio, en el ámbito de sus competencias, adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos que les son reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile, en el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y en las demás leyes».
Son también principios rectores «la autonomía progresiva; la protección social de la infancia; el derecho de los NNA a una vida familiar; el fortalecimiento del rol protector de la familia; el derecho y deber preferente de las familias a orientarlos y cuidarlos; la igualdad y no discriminación arbitraria; y los derechos a ser oídos, de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros».
Fuente: Emol
