El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, abordó las duras conclusiones del Tercer Estudio de Condiciones Carcelarias (2016-2017) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que da cuenta de una serie de vulneraciones que enfrentan las personas privadas de libertad. La investigación consigna antecedentes registrados en 40 de las 84 cárceles del país.
“Si bien este informe está construido sobre una base acotada de establecimientos penales y abarca un periodo previo a nuestra gestión, creemos importante recordar que estamos trabajando intensamente en una agenda de modernización de Gendarmería”, indicó Larraín.
En este sentido, la autoridad apuntó a que dichas innnovaciones pretenden “avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos, mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir drásticamente el hacinamiento de las unidades penales”.
Entre las medidas que plantea Justicia está el Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, cuyo objetivo es realizar mejoras a las instalaciones carcelarias en un plazo de 10 años y con prioridad en penales con mayor hacinamiento, como los que se ubican en Calama, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Talca y Chillán.
En el ámbito de la salud, se firmará un convenio marco entre el ministerio, Fonasa y la Superintendencia respectiva, para facilitar el acceso a prestaciones sanitarias de la población penal.
Además, desde la cartera se trabaja en la modificación del reglamento penitenciario, el que incorporaría estándares de derechos humanos, lenguaje inclusivo y perspectiva de género. A ello, se sumará el anteproyecto de Ley de Ejecución de Penas, cuyo foco, informan, estaría en permitir una efectiva reinserción social.
El Plan Nacional de DD.HH., elaborado por dicha cartera, también considera entre sus metas la mejora de las condiciones carcelarias.
Fuente: La Tercera
