Pese a la oposición que ha mostrado la banca respecto a algunos puntos del proyecto, ayer la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría la iniciativa que busca limitar la responsabilidad de los usuarios cuando ocurren fraudes con tarjetas, traspasando la responsabilidad a los bancos. De este modo, ahora el documento pasa a tercer trámite constitucional en el Senado.
Lo que propone la iniciativa es que los usuarios no deban pagar un seguro contra fraudes, sino que es el banco el que siempre debe responder en caso de que el cliente reclame que le robaron dinero de su cuenta. Es más, la devolución debe ser hecha en un plazo de siete días hábiles. Esto, siempre y cuando el usuario haga la denuncia al banco en un plazo máximo de 90 días desde que fue notificado de los movimientos en su cuenta. Por otro lado, en caso que el banco considere que no hubo fraude, puede acudir a la justicia, pero antes de eso debe devolver el dinero hasta el fallo del tribunal.
En este escenario, los bancos han reclamado que el proyecto puede incentivar el autofraude. El ex superintendente de Bancos, Ernesto Livacic, cree que no es correcto que toda la responsabilidad recaiga sobre la banca. “Me parece que es hasta inconstitucional, porque esto significa que independiente de la acción, de todas maneras el banco tiene que pagar como si fuera el culpable (…) La presunción normal es de inocencia, y se tiene que probar lo contrario”, explica.
Además, apunta que el banco no siempre va a acudir a la justicia en caso de que considere que no hubo fraude, pues dependería del monto del eventual robo. “Para que a un banco le resulte razonable perseguir a un cliente, tiene que ser sobre un cierto monto, porque por $500.000 es preferible pagarle al usuario (aunque haya cometido autofraude), ya que saldría más caro el proceso en la justicia”, detalla.
En ese sentido, Livacic cree que “hay que buscar un sistema que, sin duda, sea barato y eficiente para resolver estas controversias”. Al respecto, menciona que un sistema que podría funcionar, es una oficina de defensores de los clientes, tal como existió en el pasado, donde los bancos pagaban para mantener estas oficinas con profesionales imparciales, y el cliente podía acudir sin costo cuando tenía algún problema con su banco.
Con todo, ayer el ministro de Economía, José Ramón Valente, respaldó la aprobación del proyecto. “Nos estamos haciendo cargo de un vacío que dejaba desprotegidos a los usuarios cuando son víctimas de un fraude, sin normas claras y sin obligaciones para los bancos”, afirmó.
Fuente: La Tercera
