La red más grande de trata de personas que haya existido en Chile tuvo ganancias por más de US$1.400.000, de acuerdo con la querella presentada por el Ministerio del Interior. Alex Brito, funcionario de la Cancillería por más de tres décadas, acusado de encabezar la organización, fue suspendido de la dirección de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Tribunal Supremo del Partido Socialista, donde milita, no presentó descargos y arriesga ser expulsado.
Apenas 110 metros de distancia separan el Ministerio de Relaciones Exteriores de la oficina de Gestiones Integrales Spa, la empresa creada por Alex Brito y Pablo Parraguez para gestionar solicitudes de visa de turismo para ciudadanos chinos y que terminó siendo una fachada para encubrir una red de tráfico ilícito de migrantes.
La información que aparece en su acta constitutiva, disponible en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, detalla que tienen domicilio en Agustinas N° 1.357, oficina 62, pero al visitar esa dirección resulta ser la sede de “Abogados Asociados Eduardo Harrinson Barroso. Recuperador de Capitales”. Ninguna de las placas de identificación en las puertas dan cuenta de la existencia en ese lugar de Gestiones Integrales. Sin embargo, trabajadores del edificio señalan que allí sí estaba la empresa y que al ser descubierta la red “recogieron todo y se fueron”.
Al revisar el detalle de la causa penal, Ramón Eduardo Sebastián Harrinson Barroso figura como el defensor privado de Alex Brito, considerado como el líder de la organización y funcionario de la Dirección de Coordinación Regional de la Cancillería y, además, miembro del directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Aemre). Sin embargo, a través de un comunicado difundido el martes, la organización informó que su caso fue llevado ante el Tribunal Disciplinario, al estar acusado por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de migrantes y cohecho, “y atendida la gravedad de los delitos imputados, se le suspende de sus funciones de Director de la Aemre, por el tiempo que dure la investigación del proceso penal y administrativo”.
En el Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS), en el que Brito es militante, el secretario general de la colectividad, Andrés Santander, presentó un escrito en el que solicitó “la aplicación de la máxima sanción que establece nuestro estatuto partidario”. El documento, con fecha del 25 de mayo, pide la expulsión del funcionario de la Cancillería, escenario que dejó suspendida su militancia. Pero, a 12 días del hecho y finalizado el plazo para presentar sus descargos, Brito no concurrió, según afirmaron desde el tribunal. De este modo, su militancia continúa suspendida a la espera de que se cite una nueva sesión para analizar la situación, lo cual podría ocurrir dentro de dos semanas. En el partido explican que el próximo paso podría ser la expulsión.
Ayer hubo una reunión en el Minrel, a las 12:30, pm en la que participaron los presidentes de todas las asociaciones de funcionarios, junto con el ministro Roberto Ampuero; la subsecretaria, Carolina Valdivia, y varios directores generales. En la ocasión se abordaron temas referentes al fortalecimiento de los controles y auditorías preventivas. El encuentro no se trató específicamente sobre Brito, aunque su caso es uno de los sumarios que están en proceso.
El funcionario ya se encuentra en libertad, tras el pago de una multa después de haber quedado en prisión preventiva. Y en el ministerio, su cargo está a disposición de la Dirección de Personas (Diper). Además, en Cancillería hay varios sumarios administrativos abiertos para determinar las responsabilidades que pudiera haber por este caso, incluso por omisión. Al ser investigaciones en curso, se trata de información aún reservada.
Una red de trata que dejó más de un millón de dólares en ganancias
En la querella presentada por el Ministerio del Interior, el 27 de mayo, se especifica que la organización criminal obtuvo ganancias por más de US$1.400.000. Esto, porque los imputados facilitaban la entrada ilegal de migrantes, mediante el cobro de entre US$ 4.000 y US$ 4.900 por cada ciudadano chino, al que se le facilitaba el otorgamiento de una visa de turismo, a través de cartas de invitación falsas, que hacían parecer que tales personas venían a Chile con la intención de hacer negocios. Desde el año 2016 y hasta el año 2019, trajeron de manera ilegal al país a casi 400 personas.
Para poder indagar estas ganancias, el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, pidió levantamiento del secreto bancario para saber si los imputados tenían dinero guardado. Al momento de la detención solo se pudo incautar equipos de computación. Para el decomiso de dinero o bienes, la Fiscalía debe probar que este proviene de un ilícito para poder confiscarlo.
Después de una denuncia recibida el 20 de junio de 2018, la Fiscalía comenzó a investigar esta red, a partir de información obtenida del Consulado de Chile en Beijing, China. Esto porque la empresa Gestiones Integrales Spa, efectuó diversas solicitudes de visa de turismo para ciudadanos chinos, detectando irregularidades pues actuaban en “circunstancias que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha instruido a los distintos Consulados a no trabajar con gestores intermediarios; debido a que el trámite es personal y solo puede requerirlo el solicitante, sino que además varias de las visas de turismo fueron otorgadas sin realizar los procedimientos obligatorios de consulta a Santiago”.
Para ese momento, el Informe Policial N°721, presentado por la PDI el 31 de julio de 2018, determinó que ya existían ocho cartas en las que se invitaban a extranjeros de nacionalidad china para viajar a Chile por motivos turísticos y gestiones de negocios.
Es así como una de las primeras gestiones del Ministerio Público fue solicitar al Juzgado 7° de Garantía de Santiago la interceptación telefónica, sin aviso previo, y por un plazo de 30 días de celulares. Según se lee en el documento, los teléfonos eran de Pablo Parraguez Infiesta, quien cumple el rol de gestor de cartas de invitación falsas; Alex Brito Ortiz, líder de la organización, encargado de coordinar las gestiones para el ingreso ilegal de los ciudadanos chinos; Rebeca Avilés, funcionaria de la Cancillería quien tenía una empresa en sociedad con Brito y Parraguez; Patricio Barros Viguera, presidente de la Asociación Gremial Turismo Aconcagua Los Andes (ya fallecido); y Luis Eduardo Morales, quien en dos oportunidades viajó con ciudadanos chinos, que habían ingresado a Chile con cartas de invitación, con destino a Argentina.
Las interceptaciones telefónicas son citadas en la apelación del ex alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro. En el texto se menciona como evidencia “un wathsapp que contiene una comunicación entre mi representado -el texto lo firma el abogado Bernardino Escudero Ahumada- y Alex Brito referido a 72 visas, reducidas a 33 y la transferencia de una suma de dinero”. En la misma apelación se señala que el ex alcalde emitió la boleta de honorarios número 402, el 31 de julio de 2018, a nombre de Xiling Qin -formalizada como receptora de los pagos-, por la suma de $6.585.500, cuya glosa es la siguiente: “Asesoría y asistencia en trámites obtención de visa ciudadanos República China”. Ante esto el abogado argumenta: “¿Qué persona que está cometiendo un delito o es parte de una asociación ilícita para cometerlo entrega una boleta de honorarios por el delito que está cometiendo?”.
El funcionario inmerso en siete sociedades de gestoría
Brito fue formalizado por la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte el pasado 25 de mayo, cuando los 11 aprehendidos -entre ellos el ex gobernador de la Provincia de Choapa, Alex Trigo Rocco; y el ex alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro Salinas- fueron llevados ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Al funcionario de la Cancillería se le dictó prisión preventiva en el C.D.P. Santiago Uno. Su libertad fue ordenada por el juzgado dos días después, el 27 de mayo, luego de constatar que se había hecho efectivo el pago de una fianza por $ 2.500.000.
El pago lo hizo Sandra Ramírez, pareja de Brito, y quien se desempeña como secretaria en la Cancillería. Los inicios de Ramírez en el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron en 1997, como secretaria de la Directora General en el gabinete de la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración, según ella misma afirma en la red social Linkedin.
No obstante, la Fiscalía no encontró responsabilidad penal en su caso ni en el de otra funcionaria de la Cancillería: Rebeca Avilés, quien constituyó una empresa con Brito. De acuerdo con el informe de la PDI, presentado el 31 de julio de 2018, Brito, Parraguez y Avilés figuran como socios en Gestiones Integrales Limitada, RUT 76.123.662-8, una compañía encargada de “asesoramiento empresarial y en materia de gestión”. Extraoficialmente, la sociedad se habría dado porque Avilés había sido enviada, por trabajo, a China, y a su regreso buscaron aprovechar su expertise.
Ni Sandra Ramírez, ni Rebeca Avilés fueron formalizadas, aunque la segunda sí ha declarado como testigo en la investigación, esto porque la Fiscalía al hacer sus acusaciones tenía establecido claramente qué parte de la red ocupaban cada uno de los señalados, bien sea líderes, gestores de cartas de invitación ideológicamente falsas o captadores de ciudadanos chinos. En el caso de ambas mujeres no se pudo establecer que tuvieran conocimiento o participación.
La investigación de la PDI determinó que, en total, Brito participaba en siete sociedades: Asesorías Financieras e Inversiones Extranjeras Limitada (RUT 77.554.970-K); Comercializadora FIC Limitada (RUT 77.315.260-8); Gestiones Integrales Limitada (RUT 76.123.662-8); Ase&Tour Limitada (RUT 76.086.380-7); Instituto de Capacitación Manuel de Salas Limitada (RUT 76.042.022-0); Instituto Profesional Manuel de Salas Limitada (RUT 76.020.479-K); y Asesorías y Servicios Alex Antonio Brito Ortiz E.I.R.L. (RUT 76.000.753-6).
Las autoridades de la Cancillería al momento en que se cometieron estos ilícitos fueron consultados para esta nota. Al respecto el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo que no se referiría al tema e invitó a consultar al canciller actual. Mientras que el ex subsecretario Edgardo Riveros admitió conocer a Brito, por ser un funcionario con 30 años de carrera en el ministerio y por su función gremial, pero que no tenía antecedentes del hecho y que prefería no opinar.
Fuente: El Líbero
