Un equipo de peritos, encabezados por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, llegó ayer a la planta de Caipulli, lugar en que la empresa Essal produce y distribuye agua potable a toda la ciudad y donde ocurrió el derrame de petróleo que terminó en el corte que hoy cursa su octavo día sin poder normalizarse en un 100%.
La diligencia se basó en establecer cómo funciona el llenado de combustible del generador que gatilló la emergencia. Y es que un operario, el único que trabajaba en la planta en la madrugada del jueves 11 de julio, habría dejado abierta la válvula para el abastecimiento de combustible de la máquina, produciendo así el derrame.
Pero para De Miguel la responsabilidad de lo sucedido va más allá de la presunta negligencia del operario. «Al hablar de una planta que distribuye agua potable a una ciudad completa, obviamente uno espera ciertos estándares en todo orden de cosas», señaló a Radio Pauta, por lo mismo, «lo primero que nos llama la atención es (…) que esa noche solamente el encargado de la planta era este operario», apuntó.
«El operario que abre esta válvula y que carga el generador de combustible además tenía bastantes otras funciones que realizar, no solamente esa. Por lo tanto, una parte importante de la investigación se va a basar en establecer por qué solo una persona a cargo de toda la producción de agua de una ciudad durante la noche», agregó la persecutora.
En esa línea, también es importante aclarar, expuso la fiscal, «qué capacitación» tenía aquel operario, «con qué recursos contaba esta persona, qué otras labores debía ejecutar dentro de la planta esa sola persona que se encontraba y, junto con eso, cuáles son los protocolos de actuación, cómo debía llenar ese estanque, qué medidas de precaución tenía, qué medidas de mitigación tenía», entre otras cosas, sostuvo De Miguel.
«Son un montón de antecedentes que hemos recopilado y que seguimos recopilando en ese sentido para determinar lo que todo el mundo quiere saber: por qué se produjo esto», añadió. En esa línea, aseguró, en base a lo expuesto por el mismo trabajador y entrevistas informales que se han realizado, que el funcionario no habría estado facultado para operar solo la planta. «Hasta el minuto entendemos, respecto a capacitaciones adecuadas de lo que debería haberse hecho, que no las hay», dijo la fiscal.
«Entendemos también que tampoco se dieron, por lo menos esa noche, los protocolos de actuación que debieron haber sido para mitigar de inmediato o tratar de evitar que toda esta planta y toda esta cantidad de agua en toda esa zona se contaminara», afirmó, agregando que «es ahí donde estamos poniendo un énfasis importante».
Por otro lado, explicó que los delitos que por ahora se investigan tienen que ver con el artículo 291 del Código Penal que dice relación con el vertimiento de sustancias en el suministro de agua potable, y con el artículo 136 de la Ley de Pesca, que castiga haber provocado un daño medioambiental.
Y finalizó asegurando que «la investigación no es una investigación básica que vaya a ir contra la persona que abrió la válvula, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir mucho más allá, a todos los protocolos que existen y a todo lo que debió haber hecho la empresa en ese minuto».
Fuente: Emol
