En el primer semestre de este año, y en medio de la prolongada crisis hídrica que azota al país desde hace varios años, el Estado desembolsó 8.015 millones de pesos en la compra de camiones aljibe para llevar agua potable a zonas afectadas, según reveló un análisis de la ONG Observatorio del Gasto Fiscal.
Este monto, que publica el diario El Mercurio, equivale a casi tres cuartas partes de lo adquirido durante todo el año pasado por las entidades públicas, que entonces ascendió a 11.898 millones de pesos.
Además, el estudio arrojó que la modalidad de compra más utilizada por parte de los servicios públicos ha sido el trato directo, es decir, sin licitación.
Si en 2017, el 84,9 por ciento de las compras se realizó bajo esta modalidad, entre enero y junio de 2019 esta cifra se disparó a 92,9 por ciento, traducido en 7.447 millones de pesos.
Según el análisis, las regiones que lideran el porcentaje de compras sin licitación fueron Biobío, cuya intendencia adquirió 4.021 millones de pesos en servicios de camiones aljibe vía trato directo, equivalente al 97,3 por ciento del total; Coquimbo, con 1.159 millones de pesos, que se traducen en 80,3 por ciento sobre el total; y Ñuble, con 1.041 millones de pesos, 97,9 por ciento del total.
El alza en la utilización de esta modalidad se debe a una falta de planificación por parte de las instituciones a cargo de manejar el problema de la escasez hídrica, señalaron desde la ONG a El Mercurio.
En cuanto a las empresas que vendieron servicios por trato directo el primer semestre está Tierra de Chile, domiciliada en la Región del Biobío, por 4.021 millones de pesos, y Rubén Alejandro, por 82 millones de pesos.
Las cinco empresas que más han vendido servicios por trato directo en los últimos cinco años han sido Antártida de Chile (10.198 millones de pesos); Tierra de Chile, (6.301 millones); Aguas de Chile (2.082 millones); Rubén Alejandro (1.786 millones); y Servicio Talus (927 millones).
El subgerente de Tierra de Chile, Elías Rabah, señaló que el uso intensivo de esta modalidad se debe a la propia Ley de Presupuestos del sector público y su razón «es netamente jurídica»: «Si no tienes presupuesto asignado en un ítem específico no puedes llamar a una licitación pública. La contratación del servicio se financia con gastos de emergencia que la Subsecretaría del Interior debe generar para dar respuesta inmediata al déficit hídrico que afecta a la región».
Fuente: Cooperativa
