Para este martes está planificado que los diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio presenten la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. La acción que fue anunciada a fines de octubre busca finalmente la destitución del Jefe de Estado, a quien los legisladores de izquierda acusan de ser el responsables de las supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estado de emergencia y las protestas que se han desarrollado en el país en las últimas tres semanas.
Aunque no solo será un día clave para el Mandatario sino que también la bancada del PC y los diputados Claudia Mix (Comunes) y Gabriel Boric y Gonzalo Winter (Convergencia Social). Durante esa jornada el pleno del Tribunal Constitucional revisará el requerimiento presentado por congresistas de Chile Vamos en contra de los legisladores de izquierda en el que solicitan su destitución por incitar a la alteración del orden público.
De hecho, este marte el Tribunal Constitucional podría admitir el texto presentado por los legisladores oficialistas, algo que afectaría directamente a dos de los cuatro diputados que más se han involucrado en redacción del documento que busca la destitución del Presidente: los comunistas Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez.
Según explican desde el Congreso, si bien son los asesores legislativos de los diputados Renato Garín, Felix González, Pamela Jiles, Tomás Hirsch y de la bancada comunista quienes han redactado el texto con los argumentos para iniciar el juicio político contra el Mandatario, este equipo cuenta con la supervisión de los diputados Hirsch, Garín, Hertz y Gutiérrez, quienes son los encargados de revisar los argumentos y la versión final del documento.
Y son, justamente, estos dos últimos legisladores quienes se arriesgan a perder el cargo en el caso de que el requerimiento presentado al TC llegue a puerto. Una medida que según señala el texto se fundamenta en el quinto inciso del artículo 60 de la Constitución que señala que «cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público «.
El documento presentado al TC argumenta que la bancada comunista incumplió la Constitución con la declaración que emitió el viernes 18 de octubre en la que respaldan «las llamadas evasiones masivas convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago. Son acciones legítimas de desobediencia civil, una expresión de reclamo acumulado ante el aumento continuo del precio de los servicios básicos«.
Según el texto de los legisladores oficialistas en la declaración del PC «existe una abierta incitación a la alteración del orden público, a través no solo del respaldo de las evasiones masivas en el Metro de Santiago las cuales fueron el germen de toda la crisis de seguridad y orden público que ha vivido nuestro país, sino que además existe un acto por escrito de incitación y motivación a la desobediencia civil».
En la misma línea se profundiza en el requerimiento que dicha declaración realiza «un llamado concreto a la comisión de una conducta antijurídica, cual es no solo no pagar el pasaje del Metro de Santiago, la cual constituye el recurso a un medio de facto como lo es la paralización de un servicio público, sino que además fueron dichas evasiones las que dieron la partida para la grave crisis de orden público que vive el país».
Este no es el único hecho con el que los diputados oficialistas afirman que Hertz y Gutiérrez incumplieron la Constitución.
En el texto se indica que en un video grabado durante el estado de emergencia Hertz, junto a otros congresistas increpa a Carabineros. «No nos pueden prohibir pasar por la calle, no pueden. Y si yo paso, no me pueden detener, y si me detienen, se van a ir de querella, y de escándalo, y usted tampoco me puede andar amenazando con que me va a detener porque no tiene facultad alguna para eso», señala la diputada en donde además afirma que «el protocolo tiene que ser de acuerdo a la ley, si usted no me puede imponer un protocolo porque a lo mejor fíjese que va y nos pone un protocolo del régimen nazi».
Al respecto, en el documento se lee que «la diputada Hertz, invocando su calidad de parlamentaria, se rehusó por medio de sus declaraciones a reconocer la autoridad de Carabineros respecto del control del desplazamiento de ella y de sus colegas diputados en ese momento, quienes secundaron los términos en que la parlamentaria se dirigió a los uniformados».
No solo eso, sino que además, agregan en el requerimiento que los dichos de la legisladora del distrito 8 «representan un acto de enfrentamiento con la autoridad de Carabineros de Chile, la cual actuaba en ese momento en virtud de las funciones que les confiere la Constitución». Incluso se sostiene que Hertz abusó de su influencia e impartió «órdenes directas a un funcionario de Carabineros de Chile y amenazándolo en caso que este no diera cumplimiento a su instrucción», algo que «sobrepasa el marco del Estado de Derecho y el principio de juridicidad que rige para todos los órganos del Estado y sus integrantes».
En el caso del diputado Gutiérrez son dos registros los que utilizan los legisladores para solicitar la cesación en el cargo del legislador. El primero de ellos corresponde a un video en donde el abogado increpa a un mayor de Carabineros a quien, según se lee en el texto, le dice: «¿A ver, con quién estoy hablando, a ver?» y «si usted los saca (a unos manifestantes), yo a usted lo denuncio, ¿me entiende?«, a lo que el policía responde: «Yo estoy velando por el orden público».
En ese sentido, en el requerimiento presentado al TC se señala que el legislador habría abusado de la «influencia que le daría su cargo, pretendió atribuirse una autoridad y derechos que no le confiere expresamente ni la Constitución ni la ley«.
En el otro registro que cita el documento para argumentar a favor de la destitución de Gutiérrez, el legislador dio un discurso en el que expresó: «Me siento muy orgulloso de este pueblo sublevado, alzado en las calles, que no tiene miedo, ya no tiene ese miedo endémico que a nosotros nos metieron. Hoy ya no le tenemos miedo a esos cañones, esas balas, esos fusiles, misiles y todo lo que tengan. Ya no, ya nos cabreamos ya, ya nos cansamos. Y no queremos vivir más en una Constitución que hizo un dictador. No queremos más». Algo que según los congresistas oficialistas «constituye una abierta alteración del orden público, la cual sumada a la presencia de más manifestantes constituye además incitación al mismo».
Fuente: El Líbero
