Una vez más enfrenta peticiones de renuncia. Ahora vienen de la UDI, antes fue el Frente Amplio . ¿Cómo toma estas amenazas de petición de remoción?
Parece que va a ser el sino de mi mandato. Ahora, si usted ve la transversalidad de esas opiniones, significa que lo estoy haciendo bien. Mi labor como fiscal nacional no es agradar al mundo político, sino liderar esta institución que está a cargo de algo tan importante y que nos mandata la propia Constitución, como lo es la persecución penal. Entonces, me tienen sin cuidado estas amenazas, y si alguien cree que lo estamos haciendo mal, puede usar los mecanismos que estime pertinentes.
Todas estas críticas, que también fueron alzadas por el gobierno, surgen a propósito de que la Fiscalía Centro Norte ofreció una suspensión condicional del procedimiento a 26 imputados por saqueo en Conchalí. ¿Qué pasó ahí?
Esto surge a raíz de las críticas de los abogados contratados por el gobierno para seguir algunas de las causas penales que se han abierto tras el estallido social. Pero ¿sabe?, desde el origen de esos cuestionamientos se denota una falta de conocimiento de la investigación. Es mentira que nosotros estemos por regla general ofreciendo salidas alternativas a imputados por robo en lugar no habitado, popularmente llamado saqueo. Acá los fiscales resuelven caso a caso. Se cumplían los requisitos: era un delito frustrado y las personas no tenían antecedentes. Ahora, reconocemos que hay un error y es que no se le consultó la opinión al querellante, en este caso el supermercado, tal y como lo había ordenado el fiscal regional Xavier Armendáriz. Ahora, eso no está resuelto. Entiendo que el 25 de marzo se va a realizar la audiencia en que tanto el gobierno como el afectado podrán dar a conocer su opinión.
Los abogados del gobierno han sostenido que hay una ausencia de política criminal y determinación para perseguir las responsabilidades penales tras el estallido.
Eso no es verdad. A las pocas horas de los hechos más graves, me reuní con los fiscales de la Región Metropolitana. El día 20 de octubre fueron informados todos los fiscales del país de los criterios de actuación ante el estado de emergencia, el toque de queda y los delitos que se estaban registrando de forma más masiva, entre ellos el saqueo. En más de 50 días se han dictado seis criterios de actuación, y la fiscalía, frente a las complejidades que está viviendo el país, ha actuado con rigurosidad. ¿Sabe lo que me molesta a mí y me preocupa? Ese doble estándar. Porque (Gabriel) Zaliasnik, (Samuel) Donoso y (Jorge) Bofill eran abogados de imputados en los casos Penta y SQM y en algunos de esos casos dimos una solución judicial parecida, y en el caso de Iván Moreira la misma suspensión condicional del procedimiento.
Hay un cambio de opinión, que ve usted, por parte de esos abogados.
Pero evidente. Entonces ¿cómo se nos exige que a una persona que iba pasando, sin antecedentes y que vio la oportunidad de entrar y sacar insumos, que en algunos casos se trataba de alimentos, que además en el caso que menciona usted ni siquiera alcanzaron a llevarse nada porque fueron sorprendidos por la PDI? ¿Cómo es posible que se plantee que en esos casos no cabía la posibilidad de una suspensión? Si esos mismos abogados defendían esa salida alternativa en los casos de platas políticas frente a comportamientos mucho más graves, como lo es facilitar boletas ideológicamente falsas para rebajar la base imponible de las empresas y que terminaron financiando campañas al Congreso. En la calle la gente que está protestando en parte lo está haciendo por eso mismo, la disparidad de justicias, una para pobres y otra para la élite. Todos debemos oírlos y, por lo mismo yo, como fiscal nacional, seguiré instando a que podamos investigar la colusión sin tener que esperar la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica, que se eleve el periodo de prescripción de delitos electorales para el que tenemos solo dos años, entre otras cosas.
La vocera de gobierno, Karla Rubilar, dijo que la fiscalía en vez de defenderse debía ver esto como una oportunidad de “ser mejor que hace 48 días”… ¿Qué le responde?
Le respondería que cruce la calle y vaya a conversar con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. El jueves tuvimos una reunión todas las instituciones que participamos del proceso penal tras la reforma del mismo y tanto fiscales, jueces y defensores hemos reaccionado de muy buena forma ante la crisis. Si hay instituciones que han funcionado, son el sistema procesal penal en su conjunto, y eso es reconocido por el propio ministro de Justicia. Yo le reitero, el sistema de justicia penal no es el responsable de mantener el orden público ni de dar solución a una crisis que es política y social. No corresponde que se nos traspase una responsabilidad de resolver problemas que competen a otras instituciones del Estado.
¿Por qué cree que surgen estas críticas desde el gobierno?
Me imagino que si hoy somos el foco de la crítica nosotros, mañana serán los jueces. Acá cada quien debe responder por sus responsabilidades y ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial somos responsables del orden público, menos aún los llamados a resolver en sede penal una crisis que es política y social. La fiscalía ha sido diligente, los criterios de actuación y protocolos se actualizaron ante la contingencia. Los miembros del consejo de fiscales mantenemos contacto las 24 horas por teléfono y por chat. Cada mañana revisamos el estado de situación región por región, cuántos detenidos, cuántos formalizados, cuántas prisiones preventivas y las dificultades, en cuanto ocurren, las consultamos unos con otros. Por eso, cuando se critica a este fiscal nacional, no se ataca a una persona, sino el trabajo de cientos de fiscales que han llevado adelante más de 30 mil audiencias de control de detención, que han formalizado a más de 20 mil imputados, que han ordenado cientos de diligencias, apegándose estrictamente al marco legal de lo que les compete.
¿No tiene ninguna autocrítica a la actuación de la fiscalía, entonces?
El Ministerio Público se ha hecho plenamente cargo de sus responsabilidades, y si usted observa las críticas que han surgido de los informes de DD.HH., ninguna se relaciona con el funcionamiento del sistema penal. Señalan, por cierto, que debe llegarse a una sanción, pero no hacen una crítica a cómo hemos actuado, porque hasta ahora lo hemos hecho bien.
Nunca antes se habían enfrentado a masivas denuncias por violaciones a los DD.HH., principalmente de Carabineros. ¿Cómo lo toma usted?
Así es. Son investigaciones ya abiertas, y si nosotros durante el proceso investigativo llegamos a la convicción de que se han cometido violaciones a los derechos fundamentales, por cierto que vamos a actuar de la forma más severa posible. Es inaceptable abusos de esa naturaleza en un estado de derecho. Se pedirán las más altas penas si los fiscales llegan a la convicción de estos hechos, pero le quiero decir…, así como algunos policías pueden haber incurrido en abusos inaceptables y que estamos investigando, y buscaremos las sanciones más severas en los casos que corresponda, hay otros cientos de carabineros que han hecho su trabajo apegados a las normas y protocolos, con gran esfuerzo, lo que también es necesario reconocer.
El gobierno pide resultados, saber quiénes están tras la quema de las estaciones de Metro o los grandes daños que hemos visto en estos días.
Es incomprensible que se pidan respuestas al sistema penal a 50 días de iniciado el conflicto, considerando que los plazos que otorgan los tribunales para estas investigaciones exceden ese periodo. Y también es incomprensible alimentar expectativas de que la fiscalía terminará estas causas en la primera audiencia. La recomendación es, justamente, no hacerlo así. Sería irresponsable de parte del Ministerio Público pretender tener condenas en 50 días para las organizaciones que estamos investigando. Se trata de investigaciones complejas, de largo aliento, las que en su mayoría lleva el fiscal Héctor Barros, quien fue especialmente designado y que está trabajando con el OS-9 de Carabineros. Otra línea de investigación es el reconocimiento facial de quienes cometen delitos, de quienes tenemos cientos de horas de imágenes en videos, pero cuya identificación es un proceso lento y largo, que probablemente tomará más de un año, pero que no por eso vamos a dejar de investigar. Ahora, no le quepa duda de que las penas que estas personas arriesgan son muy altas y seremos implacables con aquellas personas que aprovechándose de la conmoción pública, han cometido delitos contra los pequeños comerciantes, por ejemplo.
Pero es un desafío histórico para la fiscalía: por un lado, hallar a los responsables de los hechos más violentos y también llevar ante la justicia a aquellos agentes del Estado acusados de violaciones a los DD.HH…
Lo que la fiscalía espera tener son buenos resultados. Las expectativas de resultados inmediatos son una mera ilusión y para eso el Ministerio Público no se presta. Los fiscales hacemos afirmaciones en base a pruebas, no a especulaciones. Nuestra tarea no es “enviar señales”, no somos influencers de redes sociales; los fiscales tenemos un marco legal que regula exactamente cada una de nuestras actuaciones. Algunas afirmaciones parten de una ignorancia realmente increíble. Creer que los fiscales tienen que estar en los sitios del suceso para ordenar la detención de las personas es no entender nada.
Desde la UDI hacían esa crítica…
Y me parece irresponsable, porque los fiscales actuamos una vez que se ha cometido el delito, somos persecutores. Si se constituyeran fiscales en Plaza Italia o en cualquier sitio donde estén ocurriendo manifestaciones, o incluso donde se estén cometiendo delitos, no tendrían más facultades que cualquier otro ciudadano común. Cuando los críticos de la labor de la fiscalía dicen ‘se ha visto poco a los fiscales en el sitio del suceso’ y reclaman esto como la vara para medir nuestra efectividad, están hablando desde el mayor de los desconocimientos sobre nuestra labor. Nuestro rol investigador y persecutor no tiene otro sentido que reparar el daño causado a las víctimas, devolver la dignidad a las víctimas, a todas las víctimas, las de los desmanes, las de las lesiones, las de violaciones a sus derechos humanos.
Fuente: La Tercera
