Durante la jornada de este lunes el Gobierno presentará la primera parte de su «agenda antiabusos» donde se propondrán medidas que apuntan a evitar excesos por parte del Estado y empresas privadas, proceso que estará liderado por el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ante esto, algunas instituciones y organizaciones han deslizado ideas.
Un ejemplo son los partidos RN y UDI. El primero el pasado sábado presentó una agenda denominada «No + abusos», en la que propone la figura del «defensor del pueblo» que tendría que el rol de garantizar que los servicios que otorga el Estado cumplan con las normas de eficiencia.
Otra medida que propuso la colectividad es la de condonar la deuda del CAE a quienes podrían haber accedido a la gratuidad en 2016, mientras a quienes no entren en esta categoría la idea que se les perdonan las multas e intereses adeudados.
Además, RN promueve iniciativas como renegociar los contratos con las concesionarias de autopistas; extender hasta el 30 de abril el pago del permiso de circulación y protección para afiliados a isapres, sumado a aumentar las penas para delitos económicos y que en el retail se pueda acceder a las ofertas que impliquen pago con tarjetas de crédito pagando al contado.
En tanto, la UDI propuso medidas como fortalecer las atribuciones de los principales entes fiscalizadores; exigir que el Estado y los municipios paguen a sus proveedores a 30 días, al igual como lo deben hacer los privados y políticas más eficientes de fiscalización a municipios.
Ello, además de aumentar las penas para las empresas privadas que caigan en delitos de colusión o que incurran en faltas de servicio.
Ministerio Público
El Ministerio Público, en tanto, también ha urgido implementar algunas medidas para generar una «repuesta más enérgica y más potente frente a los abusos cometidos por quienes ejercen cargos en el poder económico o político», dijo el fiscal nacional, Jorge Abbott, según consignó La Tercera.
Lo anterior, abarca propuestas como el uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados, las cuales se encuentran en un documento de 11 carillas que el viernes pasado Abbott entregó al senador Felipe Harboe (PPD).
El persecutor expuso que «para entender la profundidad de la crisis sirve tener en cuenta que mientras se mantenga esta idea de que hay una justicia para pobres, en lo que dice relación con los delitos comunes, y otra para ricos, asociada a la corrupción y los abusos de mercado, menos severa esta última y con mayores exigencias para su investigación y persecución, se mantendrá ese nivel de desconfianza y desaprobación al sistema político y económico».
Por su parte, el senador Harboe, quien preside las comisión de Constitución de la Cámara Alta, señaló al mismo medio que está buscando crear una iniciativa que mejore la persecución y sanción de los delitos de cuello y corbata, armando «una especie de equipo para identificar los 50 principales abusos que sufre la ciudadanía o asimetría en sanciones».
Y sobre la agenda que anunciará el Ejecutivo, Harboe sostuvo que «el Gobierno está anunciando esto hace mucho rato. Nosotros lo que queremos pasar a de la discusión a la acción y transformar esto en ley inmediatamente. Si el Gobierno se suma, bienvenido sea».
Organizaciones entregarán ideas a Palacios
En tanto, Observatorio Fiscal, Espacio Público y Chile Transparente presentaron una «agenda contra la impunidad», la cual será entregada hoy al ministro Palacios para que sirva de insumo a las medidas que planteará La Moneda.
«Para superar esta crisis se requiere avanzar en una agenda que combata los abusos tanto en el sector público como en el sector privado», señalaron las organizaciones, según publicó El Mercurio.
Y dentro de los ejes de sus propuestas, uno dice relación con «sanciones efectivas contra los abusos», es decir, que sean efectivamente proporcionales y mayores a los beneficios obtenidos por tras cometer el delito. Además, se propone dotar a la Policía de Investigaciones (PDI) de personal especializado y con dedicación exclusiva, que la fiscalía de Alta Complejidad tenga el mismo rango que las fiscalías regionales, y que se permitan herramientas especiales de investigación para delitos de corrupción, entre otras materias.
Por último, dichas organizaciones propusieron reformas al Congreso, como la dedicación exclusiva de los legisladores, e incluir en «sus códigos de conducta especificaciones claras, sobre el deber de abstención» en materias en que puedan tener conflictos de interés. Asimismo, se plantea crear una «entidad de fiscalización y sanción integrada por personas independientes, expertas en temas de integridad y que no hayan sido parlamentarios en el pasado».
Fuente: Emol
