En prisión preventiva quedó el ex jefe de Contabilidad del hospital «Juan Morey» de La Unión, Andrés Alejandro Carrasco Solís, quien fue formalizado hoy por la Fiscalía por los delitos de malversación de caudales públicos por una suma de $1.452 millones y falsificación de instrumento público en concurso con uso malicioso de instrumento público, en carácter de reiterado.
Durante la audiencia de formalización de esta causa, el fiscal jefe de La Unión, Raúl Suárez Pinilla, comunicó al imputado que se le investiga por cometer estos delitos entre los años 2012 y abril de 2019, en conjunto con el exsubdirector administrativo del hospital, José Rodrigo Martínez Escalona, quien será formalizado por estos mismos delitos el próximo 10 de enero de 2020, debido a que hoy fue declarada abandonada su defensa ante la inasistencia de su abogado defensor particular.
Según la formalización efectuada por la Fiscalía «durante el referido periodo, aprovechando el ejercicio de su cargo, fue que el imputado José Rodrigo Martínez Escalona, con consentimiento y concierto previo del imputado Andrés Alejandro Carrasco Solís, mediante la obtención de documentos bancarios por parte de este último, consistentes en cheques firmados en blanco de la cuenta corriente del Hospital de La Unión, bajo la justificación de realizar ‘pagos centralizados’ de gastos de dicho hospital, procedió a girarlos a su nombre como beneficiario de dichos instrumentos mercantiles, logrando de esta forma ambos imputados el cobro de los referidos cheques, percibiendo o sustrayendo los fondos o caudales públicos asociados a ellos, por un monto total de $1.452.371.772».
El fiscal Raúl Suárez agregó que, en el marco de la sustracción de los caudales públicos del hospital de La Unión, «los imputados falsificaron instrumentos públicos e hicieron uso maliciosos de dichos documentos falsos, logrando por esa vía el giro de dinero por medio de instrumentos bancarios, que luego fueron cobrados y percibidos por éstos».
A solicitud de la Fiscalía, el imputado Carrasco Solís quedó en prisión preventiva por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad.
La Fiscalía Local de La Unión tiene un plazo judicial de 180 días para desarrollar la investigación sobre la participación del imputado en estos hecho
