Para la mitad de los directores de colegios, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) entrega justicia en el ingreso a los establecimientos, ya que nadie puede ser discriminado. Pero el 61% cree que el modelo debe ser modificado “con urgencia”.
Esas son parte de las conclusiones de la séptima versión de la encuesta “La Voz de los Directores”, realizada anualmente por el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo (Cedle).
El sondeo preguntó a los directivos sobre las políticas públicas que han centrado el debate educacional en el último año, entre ellas el SAE, sobre el cual el 48% opina que permite que los apoderados elijan el colegio, y no al revés. El 38% se muestra en desacuerdo con esa afirmación. Y para el 50% de los consultados, el proyecto Admisión Justa, que impulsó el Mineduc este año, resuelve los problemas.
El director del Cedle y exsubsecretario de Educación, José Weinstein, explica que estas cifras son reflejo de la “tensión” que existe entre dos valores importantes para los directores: el fin de la discriminación y la valoración del mérito académico, los que son “difíciles de resguardar simultáneamente”.
Respecto del proyecto Admisión Justa, dice que los directores “no lo ven como una solución general del problema, porque no protege de las discriminaciones. Puede concluirse que el ministerio debiera explorar mejoras al SAE que no pierdan de vista la importancia que tiene para los directivos el paso adelante realizado respecto de las discriminaciones arbitrarias que existían antes de su puesta en marcha”.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, dice que ya está trabajando en ello, a través de cabildos y consultas a apoderados, “para proponer en marzo cambios y mejoras” al SAE. “Ojalá que este consenso que se ha ido generando genere disposición en los parlamentarios de oposición a debatir, a escuchar y a hacer más justo el sistema”, plantea.
Visión de Aula Segura
La encuesta también preguntó por la Ley Aula Segura, que impulsó la ministra Cubillos en 2018 y que dio mayores facultades a los directores para suspender y expulsar a escolares que cometan actos de violencia. El 84% valora las atribuciones de la ley, pero el 72% también la considera insuficiente para acabar con la violencia (ver infografía).
De hecho, el 57% de los consultados cree que será difícil reubicar a esos niños expulsados y cuatro de cada 10 directores teme que hará que aumente la deserción escolar. Incluso, el 38% piensa que se podría dar un mal uso a las expulsiones, justificándolas con la ley.
La ministra Cubillos explica que el objetivo de la ley era darles a los directores atribuciones que no tenían, pero que “es evidente que para enfrentar la violencia se necesitan facultades eficaces y un sólido trabajo de prevención”. Por ello, añade, para 2020 el presupuesto para la convivencia escolar crecerá en 62%, con programas focalizados en escuelas con mayores índices de violencia.
Lo mismo cree Weinstein, quien plantea que los directores saben que la violencia tiene múltiples causas y que es difícil de erradicar, “y también son conscientes de que la expulsión de un alumno desde una escuela no puede significar su abandono”. Por ello, cree que no se debe perder la vista del derecho a la educación de todos los escolares.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Colegios Particulares, Conacep, Hernán Herrera, cree que esas facultades se ven limitadas cuando los tribunales de justicia reintegran a escolares expulsados a sus colegios. “Si esta ley no resultó inconstitucional en su génesis, no tiene lógica que los tribunales fallen contra la ley. Esta ley debería tener más fuerza”, plantea.
Plan para los colegios
El Cedle también les pidió a los encargados de colegios calificar la educación del país: 4,3 fue la nota obtenida, muy similar a la de años anteriores. Sin embargo, esta vez disminuyó de 33% a 21% quienes creen que la calidad de la educación mejorará en los próximos cinco años, mientras que suben de 9% a 16% quienes vaticinan que la calidad empeorará.
Además, los encargados escolares tienen bajas expectativas de lo que se logrará en el período faltante del gobierno en materia de educación. Además, reprueban a cinco de los seis últimos ministros de Educación: Cubillos obtuvo nota 3,5; Gerardo Varela fue calificado con un 3,0, y Adriana Delpiano alcanzó el 3,6.
Entre otros temas, los directores también fueron consultados por el Plan Escuelas Arriba, que busca elevar los aprendizajes de 218 recintos de enseñanza básica que, por sus bajos resultados, arriesgan cerrar sus puertas.
El 41% dice no conocer nada del plan y el 75% cree que el monitoreo a escolares ayudará a reducir el ausentismo, pero solo el 32% considera que un año, que es el tiempo de acción que tenía originalmente el plan, será suficiente para salvar a esos colegios. Por el contrario, 46% considera que no será suficiente.
