Luego de que se decidiera cancelar la PSU de Historia tras filtración de un facsímil y ante los distintos incidentes generados para boicotear el proceso, el Gobierno anunció esta tarde la presentación de una serie de acciones judiciales contra quienes resulten responsables de desórdenes o bien incitaran al fracaso del desarrollo de la Prueba de Selección Universitaria.
Acompañado del subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, el titular del Interior Gonzalo Blumel comentó que «hemos iniciado un conjunto de acciones penales contra quienes causaron daños y destrozos, contra quienes atacaron a Carabineros, contra quienes realizaron filtraciones y contra quienes incitaron o promovieron acciones que alteraron el orden público o afectaron el desarrollo de la PSU».
Junto a esto, Blumel acotó que además le «hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que estudie todas las acciones penales y civiles que corresponden por los delitos y perjuicios que se han causado».
«Yo quiero ser muy claro en esto, la responsabilidad de los problemas causados en la PSU es de todas aquellas personas y de todos aquellos grupos que violentamente por la fuerza buscaron interrumpir y hacer fracasar el proceso. No nos confundamos, aquí hubo un esfuerzo muy importante de las instituciones responsables con la colaboración de Carabineros, de la PDI, para poder llevarlo adelante», sostuvo Blumel.
Y agregó que, si bien «estamos viviendo circunstancias especiales en los últimos tres meses, pero eso no justifica la acción de los grupos violentos y de todos aquellos que promovieron la interrupción de este proceso».
Las acciones en curso Luego fue el subsecretario Galli, quien entregó el detalle de las acciones judiciales, en total se presentarán querellas contra 16 personas por acciones de desorden público, lanzamiento de bombas molotov, entre otros hechos, algunas de las cuales ya fueron presentadas.
Junto a esto, Galli añadió que además «ingresaremos denuncias para todas aquellas personas que hayan impedido, fomentado o promovido la interrupción de servicios de utilidad pública como es la PSU, en la forma de acceder el derecho a la educación superior».
Consultado respecto a si esta última denuncia que se presentará mañana ante la Fiscalía, incluirá al vocero de la Aces, Víctor Chanfreau, el subsecretario se limitó a señalar que «nosotros no descartamos ninguna medida en contra de todas aquellas personas que hayan incitado o promovido las acciones que llevaron a la interrupción de algunas de las pruebas (…) por lo mismo, creemos relevante determinar las responsabilidades».
Asimismo, el Gobierno manifestó su solidaridad con los estudiantes y las familias afectadas. Respecto a la filtración de un facsímil de historia, Galli aseguró que «tanto ayer como hoy, en los procesos de envío de los facsímiles a cada uno de los recintos donde se iba a rendir la prueba ellos llegaron a los recintos y la cadena de custodia se mantuvo hasta que las pruebas estuvieron en cada unas de las sedes y colegios donde se rendían».
Fuente: Emol
