El removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta demandó al Estado por su expulsión del Poder Judicial por cargos de tráfico de influencias y faltas a la probidad y pidió una indemnización de más de 520 millones de pesos acusando «despido injustificado».
La acción, presentada el jueves pasado ante el Juzgado de Letras de Rancagua, está dirigida contra la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según consigna este lunes el diario El Mercurio, el ex juez citó la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema, que resuelve los asuntos laborales, argumentando que es un empleado del Estado que fue removido del Poder Judicial por un decreto que no cumple con las normas del Código del Trabajo, como carta y aviso previo.
En la demanda se sostiene que fue despedido además «sin expresión de causa legal», exigiendo 520 millones 88 mil 667 pesos de indemnización por sus 40 años y ocho meses de servicio, la sustitutiva del aviso previo, feriado proporcional, el recargo legal del 50 por ciento, más reajuste y costas del juicio.
Lo anterior, considerando su última remuneración completa de 7 millones 51 mil 731 pesos, que recibió en julio, antes de ser suspendido y sancionado con la mitad de sus remuneraciones en agosto y septiembre durante el sumario, señala el rotativo.
Elgueta era uno de los tres jueces del tribunal de alzada de O’Higgins que fue objeto de una investigación administrativa en la judicatura. Los otros dos eran los llamados «Marcelos», en referencia a Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Este último, cuando se decidió que se iniciaría el proceso de expulsión en su contra, se suicidió en su residencia.
Respecto a Elgueta y Albornoz, el proceso siguió adelante y terminó con la expulsión de ambos del Poder Judicial.
En paralelo, a fines de abril de 2019, Elgueta fue formalizado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, convirtiéndose así en el primer ministro de una Corte de Apelaciones a quien se le presentaran cargos en una audiencia de formalización.
«Soy un trabajador para los efectos legales»
El ex ministro asegura que hasta la fecha no le han entregado el finiquito ni información acerca de sus cotizaciones provesionales, «no cumpliéndose las formalidades del despido».
Consultado por El Mercurio sobre por qué el Poder Judicial debiera indemnizar a un funcionario que fue removido por incumplir sus deberes, Elgueta afirmó que sigue siendo «un trabajador para todos los efectos legales, porque no se respetaron las normas laborales».
«No es la misma calidad de un ministro de los del Gobierno, que son cargos de confianza, porque uno llega a este puesto por carrera. Hay una relación laboral, hay un sueldo, un horario y una dependencia. Si no fuera trabajador, ¿por qué se me pagan las AFP? Es un tema de igualdad de derecho, por eso interpuse una demanda», agregó.
