El centro de estudios Espacio Público manifestó su preocupación por los «vacíos legales» que detectó que habrá en el la propaganda y el control al financiamiento de la misma para el plebiscito constituyente de abril y que podrían llevar a «deslegitimar» el proceso.
El Servicio Electoral aclaró hace algunas semanas que la reforma constitucional que habilitó el plebiscito no hizo aplicable la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral con miras a esa votación, ante lo cual el centro presentó una propuesta para regularlo.
María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, planteó que para la propaganda de cara el plebiscito «se consideró sólo a los partidos políticos, lo cual a nuestro juicio es un error, y además es un poco como tapar el sol con un dedo, porque sabemos que hay privados que les interesa y ya se están organizando».
«Las normas que se aplican en época electorales son mucho más estrictas que las que hoy se van a aplicar, que son las propias de los partidos políticos (…) Preocupa y no entendemos por qué si tenemos reglas estrictas y determinantes, por qué aquí no se aplican, obviamente con ciertas adaptaciones», cuestionó.
En ese sentido, advirtió que «hay ciertos estándares de rendición de cuentas, de transparencia, de control por parte del Servel que no los vamos a tener, y es preocupante (…) de la donación de personas naturales (…) Puede llevar a deslegitimar en ciertos aspectos el proceso«.
La solución, expuso, «sería aplicar básicamente las normas que ya tenemos, con dos o tres excepciones, que son normas totalmente para candidatos, y cómo hacer para que se registren los comandos o comités cívicos ante el Servel para hacer campaña».
Fuente: Cooperativa
