Tras el anuncio del posible cierre del penal Punta Peuco para septiembre, y con ello trasladar a todos los condenados a la cárcel Colina 1, distintas han sido las reacciones políticas y sociales, donde la asociación de abogados de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad han alzado la voz diciendo que no existe más fundamento para esto que algo político.
Al respecto, el abogado y representante de los condenados y procesados, Marcos Romero dijo que la idea del Gobierno no funcionará, ya que Colina 1 no dará a vasto, más considerando que pretenden colocar camarotes para personas que, según el representante, tienen más de 80 años y algunos con enfermedades de cuidado estricto. Añadiendo que es una pretensión absolutamente política.
De igual manera, Romero dijo que el decreto constitucional inicial está bien fundado respecto a la función que cumpliría Punta Peuco, agregando que no existe motivo argumentado para el cambio a Colina, menos si el recinto actual cumple con todas las normativas, inclusive las internacionales.
Cabe decir que la asociación presentará un recurso para apelar a la nulidad de la decisión, la cual por lo demás se enmarca en la promesa realizada por la presidenta Bachelet en una entrevista el pasado 6 de julio, bajo la frase »Yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho».
