Durante este lunes, se informó que al menos 66 mil empresas se han acogido a la Ley de Protección al Empleo dejando cerca de 500 mil trabajadores con sus contratos suspendidos.
En esta jornada, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar reiteró que todas las empresas que justifiquen la acción podrán acceder al cuerpo legal.
“Las empresas que se acojan a esta ley, son empresas que necesariamente tienen que estar con una situación que les impida poder cubrir todas sus obligaciones de manera ordinaria. Por lo tanto, cualquier empresa que no ha visto afectados sus ingresos no debiera acogerse a esta ley”, destacó la autoridad.
Así mismo, recalcó que hay mecanismos para fiscalizar estas situaciones, como también mecanismos para hacer denuncias si es que hay conductas abusivas. “El tamaño de la empresa no va a ser per sé la que va a significar que no se va a poder acoger una empresa, sino que vamos a tener que entrar a determinar si realmente se dan los supuestos”, confirmó.
Por otro lado, el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, en conversación con Radio Futuro, defendió el uso de la Ley en grandes empresas diciendo que la Ley no puede establecer con precisión quirúrgica los límites sobre quienes pueden usarla o no.
“El impacto no discrimina por tamaño. El impacto es para todos, hay personas profundamente afectadas, hay empresas profundamente afectadas. Los instrumentos tienen que estar disponibles para todos, con un diseño tal que impida que sea mal usado por quienes no lo requieran“, aseguró Larraín
