Este jueves se está realizando un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Vivienda. Esto, en el marco del Caso Convenios. La acción la está llevando a cabo la Brigada Anticorrupción de PDI tras una orden de la Fiscalía de Tarapacá.
Al momento de la acción judicial y policial el ministro Carlos Montes se encontraba en su oficina.
Así también se estaría realizando la misma acción en las dependencias del Serviu en otras regiones del país.
Desde la Fiscalía de Tarapacá comentaron que «esta mañana, la brigada de Delitos Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, allanó las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Santiago».
Esto, añaden, «con el objeto de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano, en el marco de la investigación que sigue adelante dicha Fiscalía por las transferencias realizadas entre la seremía de Vivienda de Tarapacá y dichas fundaciones, las que suman unos 1.800 millones de pesos».
Agregaron que «la entrada y registro se realiza en las oficinas del ministerio y la subsecretaría de Vivienda, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios, todos ubicado en Alameda 924».
Fue cerca de las 09:50 horas que hicieron ingreso 12 personas de la Fiscalía y PDI con la orden de allanamiento.
De acuerdo al último informe de la Contraloría General de la República, a comienzos de septiembre de septiembre de este año, la seremía de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá mantenía rendiciones pendientes respecto de la fundación En red Social por más de 168 millones de pesos y enlace Urbano por casi 432 millones de pesos.
Contraloría realizó distintas observaciones frente a estos convenios, como la ausencia de manuales de procedimientos que regulen el proceso de asignaciones directas de los programas Asentamientos Precarios, así como la ejecución de estos; la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios; la falta de exigencia de los planes de trabajo; y la falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios, entre otras.
Fuente e imagen: Emol
