A más de dos semanas de destaparse la denuncia por el delito de violación contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el caso no ha hecho más que escalar.
Estos días han sido develados antecedentes que han reactivado el asedio de la oposición contra el Gobierno -y hasta la amenaza de una nueva acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá- así como la preocupación del propio oficialismo por la entrega de información a «cuenta gotas».
La semana partió con el desembarco de la ministra Tohá; el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, y el director general de la PDI, en el Congreso. Las autoridades fueron citadas a la comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados para informar sobre la solicitud de Monsalve de revisar las cámaras del restaurante peruano y el hotel Panamericano al que concurrió con la denunciante la noche del 22 de septiembre. Allí Cordero proporcionó información que no estaba en el radar de nadie: que el Ejecutivo se encuentra revisando la posible utilización de gastos reservados para fines personales por parte de otrora autoridad.
En un punto de prensa posterior, la jefa de gabinete respondió a las solicitudes que se le han dirigido para que presente su renuncia, ante lo que fue categórica. «Si yo tuviera intenciones de salir, hubiera salido», afirmó.
Declaraciones y asedio parlamentario
Esa jornada se zanjaron una seguidilla de iniciativas parlamentarias que suponen un interrogatorio constante para las autoridades, como la realización de una sesión especial de la Cámara para el día martes y la creación de una comisión especial investigadora del caso Monsalve.
La presión continuó al día siguiente en el hemiciclo de los diputados, donde Tohá volvió a enfrentar emplazamientos para dar un paso al costado. Allí con votos de Chile Vamos, Republicanos, Demócratas y Amarillos se aprobó la comisión investigadora del caso Monsalve. La tarde de ese día, el Presidente Gabriel Boric dio un paso adelante sobre la investigación y concedió una declaración voluntaria en calidad de testigo sobre el caso al persecutor jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, en La Moneda. Lo propio hizo Tohá al día siguiente, fuera de la sede de gobierno.
«Nuestro gobierno está sumamente interesado en colaborar con la justicia para el desarrollo de esta investigación que es muy importante, porque es una denuncia de un delito de máxima gravedad», dijo la ministra de la Segegob, Camila Vallejo.
La llamada desconocida
Pero la colaboración a la que estaba presto el Ejecutivo no bastó para contener la oleada de críticas que vino con un reportaje de Canal 13 que develó que, contraria a su versión oficial, Tohá llamó por teléfono a Monsalve la noche del 15 de octubre para «instruirle» concurrir al hotel Panamericano producto de un allanamiento que estaba realizando la PDI en esas dependencias. Una información que le traspasó a la ministra el director Eduardo Cerna.
La titular de Interior había indicado que no habló con Monsalve del caso hasta el jueves 17 de octubre -poco antes que el subsecretario concretara su renuncia-, es así que el antecedente -y el reconocimiento de Tohá sobre dicho intercambio- atizó los cuestionamientos al Gobierno por presuntos privilegios otorgados al exsocialista, lo que también ha puesto bajo cuestión el compromiso feminista del Ejecutivo y golpeado a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. No obstante, en el Gobierno han explicado que el llamado se mantuvo bajo reserva por el carácter reservado de la investigación, y que el motivo de la misma fue en virtud de la diligencia de la policía.
«Es una instrucción que recibe cualquier funcionario público y para garantizar su comparecencia. Eso no es ningún privilegio, es un mandato», sostuvo Cordero. Reaparece Monsalve Las esquirlas del caso continuaron este viernes, con la reaparición pública del subsecretario. La exautoridad fue interceptado por la prensa en su tránsito por Viña del Mar y allí volvió a abordar la denuncia.
«Lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad», partió indicando y añadió que «es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema».
«No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Hoy día hay una investigación, la investigación es secreta, la investigación está declarada por el Ministerio Público como secreta, no corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados», sostuvo.
Con ello aseveró que «confío en las instituciones, siempre lo he dicho y lo voy a volver a reiterar (…) estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleven adelante en los espacios que corresponden, y hoy día esos espacios son espacios judiciales».
Querella
Este mismo viernes también se dio a conocer que la abogada, María Elena Santibáñez, representante de la denunciante ingresó una «ampliación y rectificación» de la querella original. Lo anterior, precisando «las conductas que dan a lugar, a nuestro juicio, a los delitos de violación consumada durante la noche del 22 a la madrugada del 23 y abuso sexual consumado durante la mañana del 23».
Asimismo, indicó que podría ingresar «una eventual ampliación de querella que podamos presentar más adelante por delitos de carácter funcionario y de la Ley de Inteligencia en contra del imputado y de otros posibles responsables».
Con todo, la trama ya comienza a tomar ribetes legislativos. En el Congreso hay quienes cuestiona las enmiendas presentadas por el equipo de Monsalve al proyecto de Ley de Inteligencia, en las aparece una suerte de «zar de la inteligencia», que en el papel, estaría por sobre el jefe de Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) con un rol de supercordinador. La aprensión está puesta en el mal uso que se podría hacer de la Ley de Inteligencia por parte de una persona.
Fuente: Emol.com
