Dentro del documento del ente fiscalizador, se destaca que la evaluación de casos se basa únicamente en la información proporcionada por el INDH, sin validación adicional por parte del DAS.
La Contraloría General de la República identificó deficiencias en el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en manifestaciones desde octubre de 2019, en el llamado estallido social.
Es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el organismo que acredita la calidad de víctimas, siendo el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría de Interior el encargado de administrar estas pensiones.
Dentro del informe del ente fiscalizador, se destaca que la evaluación de casos se basa únicamente en la información proporcionada por el INDH, sin validación adicional por parte del DAS.
De aquellos, en 19 casos no se presentaron antecedentes médicos adecuados, “o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, lo que podría resultar en una errónea determinación del daño. Por ende, la Subsecretaría del Interior debe verificar la existencia de antecedentes complementarios en 60 días hábiles.
Más observaciones
Además, se observa que 58 beneficiarios tienen antecedentes penales, incluidos delitos violentos, información que no fue considerada en el proceso de evaluación. Debido a ello, se insta a la implementación de un procedimiento para revisar antecedentes penales en 30 días hábiles.
En tanto, la Contraloría señala la falta de aprobación formal del documento que categoriza las lesiones y establece montos de pensión. Asimismo, se evidencia la ausencia de instrucciones formales para incrementar pensiones y la falta de respaldo en la reclasificación de la gravedad de los casos.
En la misma, el texto indica que el INDH no realizó indagaciones adicionales en 108 de los 144 casos revisados, incumpliendo principios de control y eficacia. Y sobre el proceso de pago de pensiones de gracia por el estallido social, se apunta a la falta de verificación de autenticidad de actos administrativos por parte de la Tesorería General de la República (TGR), lo que podría llevar al pago de pensiones indebidas. A raíz de lo anterior, el ente fiscalizador solicitó el detalle de antecedentes remitidos a la TGR en 30 días hábiles.
De igual forma, se añade que existió demora en notificaciones de decretos exentos, contraviniendo el deber de actuar con rapidez, por lo que se llama a la subsecretaría a proporcionar detalles de decretos pendientes y copias de actas faltantes en 60 días hábiles.
Fuente: ADN
