Este jueves la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una nueva comisión investigadora, que tendrá como objetivo indagar las responsabilidades institucionales respecto al otorgamiento de beneficios carcelarios a quienes no debieran salir en libertad, en el marco del caso de Ámbar Cornejo.
La iniciativa fue aprobada con 102 votos a favor, nueve en contra y 18 abstenciones. Mientras que durante esta jornada sesionó por primera vez la comisión que está encargada de revisar la acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso, quien aprobó la libertad condicional de Hugo Bustamante, único imputado por la muerte de la menor.
La comisión investigadora
La conformación de la instancia también pretende investigar la protección y seguimiento de menores que han sido institucionalizados y terminan su vida en condiciones dramáticas.
En específico, se indagarán los actos del Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Menores (Sename), que han adoptado a fin de asegurar la protección y el resguardo de aquellos menores de edad bajo su tutela, por ser víctimas de violencia o vulneración de derechos.
Asimismo, busca determinar la responsabilidad política del citado Ministerio en la dictación delreglamento sobre otorgamiento de libertad condicional a que alude el artículo 11 de la Ley 21.124, y la forma en que éste ha contribuido al proceso de reinserción social de quienes cumplen condena en libertad.
La comisión tendrá un plazo no superior a 90 días para rendir su informe.
Caso Ámbar
En las consideraciones de los solicitantes de la comisión se resalta que ha sido de connotación nacional los hechos vinculados a la menor Ámbar Cornejo Llanos, quien fue encontrada fallecida el pasado 6 de agosto en la comuna de Villa Alemana.
«El presunto autor de este macabro asesinato es Hugo Bustamante Pérez, pareja de la madre de la víctima, quien fue detenido por funcionarios policiales el mismo día en que apareció el cuerpo de la menor. Bustamante Pérez, fue condenado el año 2005 por el asesinato de su pareja y de su hijastro y, desde el 29 de abril de 2016, se encontraba con libertad condicional, la que fue otorgada por la Comisión destinada al efecto y presidida por la Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sra. Silvana Donoso Ocampo», se precisa en el texto.
Además, el documento expone también que el caso da cuenta de una menor que «fue vulnerada sistemáticamente por las instituciones que debieron haberla protegido», hecho que se repetiría en otras situaciones.
¿Qué dicen los diputados?
La diputada Carolina Marzán Pinto (PPD) y el diputado Andrés Celis Montt (RN), impulsores de esta comisión investigadora, indicaron que esperan que con esta instancia se logren aprueben políticas públicas para que se respeten los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Marzán manifestó que: «esta comisión investigadora debe ir en la dirección de determinar cada falla dentro del sistema, pues lo que le pasó a Ámbar no tiene una única perspectiva, sino una serie de circunstancias que la llevaron a este cruel y trágico desenlace, que denota un claro abandono de los derechos de la niñez, la escasa injerencia estatal con políticas de prevención efectiva, acompañamiento y protección integral».
«El caso de Ámbar viene a ser un caso que pone frente a nuestros ojos la realidad de muchas familias vulnerables, a que el Estado tiene la obligación de prestar protección, mediante todas las instituciones que existen al efecto y aquí podrían haber tenido responsabilidad: Gendarmería, Ministerio de Justicia, Sename, Subsecretaría de la niñez, entre otros», sostuvo.
«Queremos con esta Comisión entregar un informe contundente respecto a cómo el sistema requiere transformaciones y que con estas conclusiones, podamos elaborar políticas públicas y leyes para que en este país de una vez por todas se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes», agregó.
¿Qué dijo el diputado Celis?
Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) aseguró que: «la aprobación de esta comisión especial investigadora dará inicio a un minucioso trabajo que desarrollaremos no sólo para evidenciar las responsabilidades de las instituciones del Estado, sino que también para evacuar propuestas destinadas a mejorar las falencias estructurales, evitando casos como el de Ámbar Cornejo».
«Lamentablemente, la historia de esta joven de 16 años, no es la única en Chile. En este país, los menores institucionalizados son víctimas de la violencia de un sistema que no los inserta en un ambiente de paz, de armonía y de amor, que tanto necesitan», añadió.
En ese sentido, expresó que: «espero que abordemos más casos que tengan en común la pasividad del Estado frente a vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de analizar en qué se está fallando al otorgar la libertad condicional de aquellos que vuelven a infringir la ley».
Acusación Constitucional contra Silvia Donoso
Respecto a la comisión que se encuentra revisando la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, se definió que el diputado Marcelo Díaz asuma la presidencia.
La instancia también está conformada por los diputados Gabriel Ascencio, Florcita Alarcon, Juan Luis Castro y Pablo Prieto.
«Todos tenemos conciencia que el caso de Ámbar Cornejo es una muestra evidente de las fallas del Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad», sostuvo el parlamentario Díaz.
«Es evidente que tenemos que analizar con mucha detención y seriedad la acusación que se ha presentado contra la ministra Silvana Donoso. Tenemos que examinar la causal que se ha invocado, las razones de hecho y de derecho y sobre esa base decidir», agregó.