La tensión política en torno al rol de la asesora jurídica de la Segpres, Francisca Moya, sigue creciendo y escaló en el Congreso, luego de que el senador Alfonso de Urresti (PS) interpelara a la ministra Macarena Lobos durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado. El parlamentario cuestionó duramente la permanencia de Moya en su cargo, luego de que esta reconociera haber estado al tanto de la inhabilidad constitucional de Isabel Allende para vender la casa de su padre, sin haber advertido al Presidente o al ministro correspondiente.
«Si conocía la norma constitucional y no lo advirtió, quiere decir que carece enteramente de criterio político», fustigó De Urresti, citando al exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil. El senador socialista calificó la actuación de Moya como un error jurídico y político, y sugirió abiertamente que debía ser removida de su cargo por comprometer la credibilidad del gobierno en materias de legalidad institucional.
La ministra Lobos respondió que las declaraciones de Moya generaron una «confusión», aclarando que si bien conocía la norma constitucional, su rol específico se limitaba al análisis legal del decreto supremo, no al proceso completo de compraventa. “El acto estaba totalmente ajustado a derecho”, aseguró la secretaria de Estado, defendiendo tanto el trabajo del equipo jurídico como la competencia profesional de Moya.
Sin embargo, sus palabras no lograron contener las críticas. La senadora Luz Ebensperger (UDI) dijo que las explicaciones solo agravaban la falta, pues «todos sabían de la inhabilidad, pero nadie la advirtió». La presidenta de la comisión, Paulina Núñez (RN), también cuestionó la eficacia del sistema de asesoría presidencial, preguntándose en quién se apoya el gobierno si los asesores no levantan alertas clave en decisiones de esta envergadura.
Mientras La Moneda intenta cerrar filas en defensa de su asesora, las presiones transversales por su salida continúan aumentando. El caso, que ya significó la destitución de la senadora Allende por el Tribunal Constitucional, amenaza ahora con dejar nuevas bajas en el Ejecutivo, justo cuando el gobierno busca recuperar control político en un año marcado por tensiones legislativas y desgaste institucional.
