El régimen de Nicolás Maduro revocó este sábado la autorización que había otorgado a Brasil, a principios de agosto, para representar los intereses de Argentina en Caracas; y que incluían la custodia de sus locales en territorio venezolano.
«Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio» contra el propio Maduro y contra la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo el Ejecutivo en un comunicado.
La medida se anunció tras las denuncias hechas por los opositores asilados que, desde la noche del viernes, aseguraron que varios policías rodeaban y asediaban la residencia de la Embajada de Argentina en la capital venezolana.
La asilada Magalli Meda señaló que este sábado permanecen «tomados» por agentes policiales los accesos de la residencia diplomática.
Por su parte, el partido opositor liderado por Machado, Vente Venezuela (VV), denunció en X que la sede amaneció «rodeada por agentes del régimen, encapuchados y armados».
Omar González, miembro del partido VV y también asilado, denunció en la misma red social que «agentes de seguridad del régimen de (Nicolás) Maduro no permiten que los periodistas se acerquen a la sede la Embajada Argentina en Caracas».
El viernes, el coordinador Internacional de VV, Pedro Urruchurtu, también refugiado, informó de la presencia de agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Además de Urruchurtu, Meda y González, también se encuentran asilados Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.
Los seis opositores se refugiaron en la embajada argentina en marzo, luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria.
El Gobierno de Lula da Silva reaccionó «sorprendido» ante la decisión de Venezuela, y reafirmó «la inviolabilidad, en los términos de la Convención de Viena, de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente alberga a seis asilados venezolanos, así como sus bienes y archivos».
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó, en un comunicado, que «permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que Argentina designe a otro Estado aceptable», para el régimen de Maduro, a fin de llevar a cabo esas funciones.
Brasil se ocupa desde agosto de la custodia de las sedes diplomáticas de Argentina y Perú en Venezuela, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país caribeño, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones, debido a que sus gobierno rechazaron la autoproclamación de Maduro como vencedor de las elecciones del 28 de julio.
