Luego de que Contraloría General de la República hiciera público el informe final respecto de una investigación del programa “Alimentos para Chile” en la región de Los Lagos, a cargo de la ex Intendencia Regional, en el que se entregaron cajas de alimentos a la población más vulnerable del país entre mayo y diciembre de 2020 a causa de la pandemia, se detectaron una serie de irregularidades, según el órgano fiscalizador.
Por ejemplo, hubo desajustes en garantías presentadas fuera de plazo y con menor duración que lo que estipulaba el trato directo con los proveedores, en contratos de casi 9 mil millones de pesos, además de que la Intendencia no contaba con una base de datos de beneficiarios, entregando 236 cajas a beneficiarios que estaban fallecidos antes de la entrega.
Además, hubo diferencias de criterios para la entrega de cajas entre los municipios y la Intendencia, dependiendo de la cantidad de cajas y realidad comunal, en 21 guías de despachos de más de 11 mil canastas no se identificaba al funcionario de la Intendencia que recepcionó las cajas, asimismo existe una diferencia de más de 5 mil cajas entre las entregadas y las adquiridas según documentos.
El diputado del distrito 26, Alejandro Bernales, miembro de la comisión de Economía de la Cámara, quienes exigieron las auditorías en cada región, señaló que debe responder la actual Delegación Presidencial Regional por cada una de estas irregularidades.
Bernales, eso sí, señaló que también hay responsabilidad del gobierno regional y los propios municipios.
Por su parte, el actual Delegado Presidencial, y en aquella época jefe de gabinete del ex Intendente Harry Jürgensen Caesar, Carolos Geisse, aseguró que existe la trazabilidad de las entregas, además de defender la adquisición de las cajas debido al proceso de mercado público en el que fueron compradas.
La Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles como máximo para que la Delegación Presidencial Regional entregue respuestas ante los cuestionamientos por la implementación de este plan que en otras regiones, incluso, tuvo irregularidades en el giro de las empresas contratadas y en valores excesivos de los productos adquiridos.