Diversas reacciones hubo en el mundo político y desde el Estado de Chile, tras conocerse los billonarios (sí con letra B larga, no con la M) montos que la Corporación de Fomento Productivo (Corfo), traspasó al Gobierno.
Según un reportaje del medio The Clinic, se realizaron dos transferencias en el año 2023. La primera, consistente en dos mil millones de dólares y la segunda, por 1500 millones del billete verde estadounidense.
La polémica se enfocó debido a que esta enorme cantidad de dinero entregada al Estado, fue aprobada por el directorio por ajustarse a derecho. Sin embargo, hubo un voto de abstención al momento de entregar la segunda cuota, que correspondió al vicepresidente ejecutivo de la estatal, José Miguel Benavente, por posible reducción de los fondos patrimoniales de Corfo.
A través de un comunicado público, el organismo se defendió y detalló que efectivamente, la administración actual del Gobierno solicitó esos montos dentro de las facultades que le corresponden y se llevaron a efecto, conforme a la normativa vigente, y además, “las mencionadas transferencias se realizaron de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación. Esto permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones”, explicó Corfo.
Desde el Gobierno indicaron que este dinero corresponde a los excedentes de la explotación del litio, por lo que se solicitaron para el tesoro nacional. El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que no hubo merma en Corfo.
Como era de esperar, el caso igualmente causó polémica. Contraloría ya anunció que realizará una investigación para verificar si estos traspasos están dentro de la norma. Por otro lado, diputados de oposición impulsarán la conformación de una comisión investigadora en la Cámara. Así lo indicó el UDI, Daniel Lilayú.
Por último, en entrevista con Radio Agricultura, el exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, dijo que el organismo posee un patrimonio grande, pero lo grave es que llegue a afectar ciertos activos que formaban parte del capital de la institución.
El asunto ya está en la palestra pública, generando un flanco de dudas hacia el ministro de Hacienda, Mario Marcel y a la cuestionada directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien hace rato es sindicada por algunos personeros, como la culpable de los desajustes fiscales.
