En las policías y los organismos del sistema penal, como la fiscalía y el Poder Judicial, realizaron su propio levantamiento de información sobre las personas que obtuvieron el Bono Clase Media de $500 mil, sin contar con los requisitos, luego de que el Servicio de Impuestos Internos les enviara los antecedentes recabados.
Según consignó La Tercera, el organismo detectó a 1.370 funcionarios de Carabineros y 48 de la Policía de Investigaciones (PDI) que recibieron el beneficio de manera irregular.
Carabineros
En el caso de Carabineros, los 1.370 Rut recabados corresponden a funcionarios activos y en retiro.
El SII les dio plazo hasta el 30 de noviembre para devolver el dinero, por lo que la institución inició un proceso que consiste en preguntarle a cada persona que está en la lista si reconoce haber accedido al bono.
Los que respondan de manera afirmativa deben devolver el beneficio y firmar un acta, la cual deja en claro que si ocultan haberlo cobrado, deben asumir responsabilidades legales y administrativas.
De acuerdo al mismo medio antes señalado, fuentes policiales indican que hay civiles que afirmaron tener trabajos a través de boletas de honorarios fuera de su horario laboral en Carabineros y que producto de la pandemia tuvieron que dejar de ejercerlos. En estos casos se están determinando medidas administrativas si procediera.
PDI
Respecto a los 48 funcionarios de la PDI, dicha institución detalló que se «adoptarán las más drásticas medidas, considerando que el personal en ningún momento vio afectadas sus remuneraciones y que estaba al tanto de las implicancias administrativas en el caso de solicitarlo».
Sistema penal
La Fiscalía Nacional informó a las fiscalías regionales los nombres de los funcionarios que obtuvieron el bono sin tener los requisitos, para que se inicien los sumarios correspondientes. Según fuentes ligadas a la causa, en total son 46 personas.
Las mismas fuentes señalan que no hay fiscales entre los beneficiados.
Según informó El Mercurio, en el caso del Poder Judicial, el pleno de la Corte Suprema ordenó sumarios a 230 trabajadores. Ninguno de ellos serían ministros, jueces o relatores.
Más de 437 mil trabajadores
Cuando se inició la indagación, el SII detectó que más de 437 mil trabajadores dependientes, de los cuales cerca de 37 mil pertenecían al sector público, obtuvieron el bono de $500 mil alterando su monto de remuneración, tras lo cual se estableció hasta el 30 de noviembre para que restituyan el dinero, sin reajustes, multas ni intereses.
El informe estableció que 400.603 son trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado, mientras que los recursos involucrados alcanzan los US$256 millones.
Tras esto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, oficializó la designación de la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, para hacerse cargo de la investigación de los casos de obtención fraudulenta del beneficio.
Sobre las sanciones que podrían arriesgar estas personas, Abbott sostuvo que «tenemos que discernir entre las personas. Seguramente van a tener un trato diferente las personas que devuelvan ese monto a quienes no la devuelvan».
