En un informe conjunto, ambas entidades enfatizaron que el alza proyectada en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe «implicaría un alza significativa en los niveles de hambre» de la región.
«Frente a la fuerte caída del PIB, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos», la Cepal y la FAO propusieron un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria generada por el coronavirus se convierta en una crisis alimentaria en América Latina y el Caribe. Así, considerando que la pandemia provocaría que la población en condiciones de pobreza extrema subiría en 16 millones, llegando a los 83,4 millones en 2020 en la región, las entidades anticiparon que dicho escenario «implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos».
De esta forma, de manera conjunta propusieron una serie de acciones que tildaron de «urgentes» para sostener la demanda y administrar el comercio de alimentos durante la emergencia y para evitar que su prolongación conduzca a una crisis alimentaria regional. Según el informe, tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), repercutiendo en un impacto sobre el hambre «muy significativo», tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.
De acuerdo a la Cepal y la FAO, «los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor Sobre la base del decálogo propuesto por las entidades internacionales, se seleccionaron dos áreas en las que se proponen medidas urgentes: un bono contra el hambre en apoyo a la población en situación de extrema pobreza y acciones de apoyo financiero a productores agrícolas (líneas de créditos blandos y bono de inversión productiva). Las restantes son:
Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.
Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias
Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.
Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.
Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
