Tras la dictación del veredicto condenatorio en contra de dos exdirectivos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud: el otrora secretario general de la entidad, Luis Armando Ampuero Chiguay y quien se desempañaba como director de finanzas del organismo, Abdón Rigoberto Barría Bórquez, las reacciones no se hicieron esperar.
Recordar que ambos directivos, tal como se acreditó en el proceso aplicaron indebidamente a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, causando grave entorpecimiento en la gestión financiera y contable del servicio y retardando el pago de las obligaciones contraídas con docentes.
El concejal Alex Muñoz, integrante del concejo municipal de Ancud que en 2017 respaldó el patrocinio de la causa por desfalco y malversación, recalcó los alcances del fallo judicial.
En esa misma línea recordó que hubo un fiscal que estuvo 4 años sin realizar ninguna diligencia y tuvo que llegar otro fiscal para activar la causa y en menos de dos años lograr acreditar los delitos y lograr una condena.
Durante su intervención el Fiscal Fernando Metzner, señaló que los acusados, en el ejercicio de su cargo tenían información de todos los movimientos financieros durante el 2016 y en ese contexto, que el Ministerio de Educación había transferido 600 millones de pesos para el pago de indemnizaciones a docentes, los que no fueron utilizados para ese fin.
Desde la Corporación Municipal de Ancud, como parte querellante, estuvieron de acuerdo con los términos de la acusación fiscal y la petición de penas señaladas, mientras que el otro querellante en este caso, el Consejo de Defensa del Estado, pidió una pena privativa de libertad igual a la de la Fiscalía para el caso de Ampuero Chiguay, pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, mientras que respecto de Barría Bórquez, pide 13 años.
