Esta tarde de lunes, la Cámara de Diputados votó, en primer trámite, el proyecto que elimina o reduce exenciones tributarias a fin de recaudar platas que permitan solventar la Pensión Garantizada Universal (PGU) que impulsa el Gobierno del Presidente saliente Sebastián Piñera, y lo aprobó con impuesto a los súper ricos.
En términos generales, el objetivo de la iniciativa, que complementa la ley corta que creó el beneficio -que fue aprobada, sin votos en contra, la semana pasada y pasó al Senado-, contempla incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que establece un aporte mensual de 185.000 pesos para todos los mayores de 65 años pertenecientes al 90 por ciento más vulnerable de la población y considera dineros equivalentes al 0,95 por ciento del PIB.
Según lo comunicado en el primer informe de la Comisión de Hacienda, se espera llegar a un mayor gasto de 4,2 billones de pesos al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.
El mecanismo que La Moneda propuso para financiar el beneficio ha recibido múltiples reparos de economistas de centroizquierda y sugerencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), quienes apuntan a que no estarían garantizados los recursos a largo plazo.
En la antesala a la sesión, que comenzó a las 16:00 horas de hoy, tensionó que desde la oposición se haya incluido en el texto, en su paso por la Comisión de Hacienda, un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile que superen los cinco millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario.
En esas condiciones, el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD, adelantó previamente que «hoy vamos a aprobar el proyecto con los cambios establecidos en la Comisión de Hacienda, y la incorporación del impuesto a los ‘súper ricos’ para financiar».
Ese tributo «hace que el proyecto sea inviable en el mediano plazo», fustigó el RN Frank Sauerbaum. «Lo que se está buscando es entorpecer la aplicación de esta Pensión en febrero, porque el Gobierno va a tener que ir al Tribunal Constitucional porque es una facultad propia del Presidente de la República presentar este tipo de tributos», advirtió.
Desde el Gobierno ya anunciaron que de salir el proyecto con ese reparo, acudirán al Tribunal Constitucional.
Fuente: Cooperativa
