Tras cerca de seis horas de debate, el líbelo fue rechazado por la Cámara con 69 votos a favor y 78 votos en contra. Si bien se esperaba una votación reñida, la acusación constitucional se desmoronó en los últimos días por una mezcla de factores.
Las declaraciones de Marcela Aranda (exvocera del bus de la libertad) y los dichos de la diputada María Luisa Cordero impulsaron a que la orientación sexual del ministro de Educación volviera a estar al centro del debate y el oficialismo acusó homofobia por parte de quienes apoyaban el líbelo.
Asimismo, las conversaciones que sostuvo el Ejecutivo con las fuerzas políticas no alineadas y la decisión de los dos parlamentarios de Evópoli de desmarcarse de Chile Vamos, son algunos de los elementos que incidieron.
El otro factor clave en el proceso fue la bancada DC, cuyos cuatro parlamentarios se alinearon y rechazaron el líbelo, pese a las dudas de algunos de sus miembros. Ese respaldo al ministro ocurrió en medio de las conversaciones para que el bloque lidere la mesa de la Cámara.
Acompañado de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; el titular de Justicia, Luis Cordero; su par de Minería, Marcela Hernando y el jefe de la cartera de Agricultura, Esteban Valenzuela – además de su abogado, Francisco Cox – Ávila descartó deducir la cuestión previa y solicitó pasar al fondo de la acusación, a pesar de que días previos la defensa había anunciado que sí la invocaría.
Estrategia que permitió pasar inmediatamente a la discusión y posteriormente votar, reduciendo los espacios para que diputados “dudosos” de su votación y que el Ejecutivo ya había convencido de rechazar, no tuvieran instancias para cambiar su decisión.
Antes de que la diputada Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano) comenzara la defensa del líbelo acusatorio, el diputado Jorge Durán (RN) llevó hasta la testera una colación – un jugo, una fruta y un snack – y le dijo al ministro: «Para enfrentar la larga jornada de hoy».
Asimismo, le mostró la boleta donde señalaba que toda la compra tuvo un costo de $1.259, aludiendo al escándalo que generó la denuncia del ex director de la Junaeb, Cristóbal Acevedo, acusó que durante el 2022 el organismo gastó $3.500 millones en 30 colaciones.
Durante el debate, también rondaron por el hemiciclo la ministra del Interior, Carolina Tohá, el secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde y la titular del Trabajo, Jeannette Jara. Un gran despliegue del Ejecutivo para apoyar a Ávila.
El abogado del secretario de Estado, Francisco Cox, expuso su defensa por cerca de dos horas y en el punto más bajo de asistencia, contó con una treintena de parlamentarios al interior del hemiciclo de un total de 155.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se mantuvo en su puesto durante la exposición de Cox, ya que fue aludido en reiteradas oportunidades por el abogado. Cox citó a Schalper cuando el parlamentario argumentó la acusación constitucional contra la exministra Marcela Cubillos.
«Voy a citar al diputado Diego Schalper que en una entrevista dijo que acá no está juego si seque a usted le cae bien o no la ministra Cubillos o si comparte o no el programa de Gobierno, lo que está en juego – Cerati se hace presente de nuevo, Deja Vu – todos en privado dicen que esta acusación constitucional no tiene fundamentos, pero tu tienes la unidad de la oposición. Mire, la unidad de la oposición podrá dar para pactos electorales, pero no para dejar a una persona inocente sin sus derechos fundamentales”, citó Cox.
«No puedo estar más de acuerdo con la entrevista del honorable Diputado», señaló Cox. Asimismo, acusó que la acusación «es de YouTube, de Twiter, de las caricaturas y de los eslóganes».
Además, estuvo marcada por la analogía con La Odisea de Homero. «(Ulises) se amarra al mástil y esas amarras en nuestra república son la Constitución y las leyes, son las que uno atisba que se empiezan a desamarrar, no se comienzan a desamarrar, se rompen a machetazos cuando se usa la acusación constitucional para superar una discrepancia política, cuando no se está de acuerdo con la agenda un partido o un Gobierno», señaló.
Luego del intercambio entre la diputada Francesca Muñoz y Francisco Cox, se pasó a la intervención de las bancadas. Comenzó el diputado Diego Schalper (RN) quien sacó a la luz el caso de la Fundación Democracia Viva: «El capítulo siete de la acusación se refiere a algo que equivale al menos a ocho Democracias Vivas».
Además, se refirió al caso Junaeb. «Hemos denunciado que en la Juanes se modificaron unilateral y discrecionalmente contratos de servicios de alimentación mediante resoluciones exentas, esto es, sin control de legalidad de la Contraloría. Contratos millonarios, en programas que equivalen casi al 2% del presupuesto del Estado. Además, hemos denunciado que un prestador ha recibido $3.500 millones por 30 raciones entregadas el 2022. Repito: $3.500 millones por 30 raciones, lo que significa que por cada ración el Estado de Chile ha pagado $116 millones», argumentó.
Continuó la diputada Emilia Schneider, quien sostuvo que «pervertido, enfermo, nauseabundo, asqueroso. Así se han referido al ministro de Educación. Ese nivel, porque no solamente estamos frente a una acusación sin fundamentos jurídicos, sino que también a un debate plagado de homofobia y discriminación». «Pese a todo, no han sido capaces de probar ninguna vulneración a la Constitución o las leyes. Se han basado en consignas de poca monta, mentiras y le dieron rienda suelta a sus representantes más homofóbicos. La acusación parece escrita por el pastor Soto», agregó.
Por su parte, Tomás Hirsch (Acción Humanista) argumentó que «los capítulos 1, 2, 3 y 5 son conservadurismo puro y duro bajo la mala comprensión del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El capítulo 6 es sólo representación de interés de empresas privadas por parte de los acusadores. Y en los capítulos 4 y 7 hay una confusión evidente sobre quien es el encargado de ejecutar los servicios locales de educación».
