La pregunta que circuló en casi todos los matinales esta mañana era si “¿le cree al Presidente Sebastián Piñera sobre su versión de los Pandora Papers y Domina”? Bueno, hoy la diputada de RN Camila Flores, dejó en claro que tiene sus dudas.
En conversación con “Contigo en la Mañana”, la parlamentaria dijo que “cuesta poder creer que el Presidente de la República no haya tenido conocimiento de este negocio donde están involucrados todos sus familiares directos”.
“El Presidente de la República debería ir despejando las dudas, porque es difícil creer en su palabra- terminando con todo proyecto en la zona. El Gobierno habla de energías limpias, pero no es capaz de frenar estos proyecto”, sentenció.
“Lo peor de todo es que son señales que no dan claridad. No porque sea oficialista tengo que defender siempre al Presidente de la República”, sentenció.
Piñera en el ojo del huracán
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), dio a conocer este domingo un nuevo trabajo denominado Pandora Papers.
En dicha investigación acorde a lo informado por el diario El País de España, a cargo del capítulo chileno estuvieron Ciper y LaBot, en donde se indica que las familias Piñera y Délano sellaron la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo a lo informado por el medio hispano, la familia Piñera era en el origen los mayores accionistas del proyecto con el 33%. Y sumado al porcentaje de la familia del abogado Carlos Alberto Délano, empresario y amigo del Mandatario, sumaban el 56%, acorde a los citados documentos
En diciembre del 2010, Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, en una operación en que se hizo con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de la moneda estadounidense.
Todo esto se iba a pagar en tres cuotas: 106,8 millones en diciembre de 2010 y 21 millones en enero de 2011. La tercera en tanto quedaría pendiente para el 31 de diciembre de 2011. Eso sí, tenía una condición: solamente se realizaría si el Estado no declaraba reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga.
El gobierno de Piñera no promovió la protección ambiental de la zona, por lo que finalmente la tercera cuota se pagó.
