La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a lo señalado al Congreso por la jefa de la División Jurídica Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, para no advertir la inhabilidad que existía en al compra de la casa del expresidente Salvador Allende, en Providencia, pese a reconocer estar al tanto de la misma.
Moya dijo -entre otras cosas- que “efectivamente, al igual que mi equipo, conocía ambas normas, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso”.
“Nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden. En este caso en particular, que son de hecho aquellas que nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”, indicó.
Etcheverry sostuvo en un punto de prensa que “la jefa de la División Jurídica reiteró algo que hemos visto como gobierno y que va en la misma línea de lo que señaló la propia contralora en la comisión, que es que en el momento, y respecto del decreto 38″.
Añadió que “lo que correspondía era hacer un análisis de calidad respecto del propio decreto y eso fue ratificado por Contraloría en el proceso de toma de razón. A eso se refería la respuesta de la jefa de la División y eso es consistente con lo que hemos señalado como gobierno”.
Sostuvo que “en el gobierno estamos todos permanentemente sujetos a evaluación, es lo que corresponde en estos cargos y la jefa de la División Jurídica sigue en el desempeño de sus funciones”.
Sobre si se debía notificar la inhabilidad que existía, la secretaria de Estado reiteró que “el gobierno ha sido explícito, yo misma lo he dicho muchas veces, que esto no fue llevado adelante de la manera correcta. Esto ha tenido, por supuesto, consecuencias que son muy importantes, se han hecho valer responsabilidades políticas, se están llevando adelante sumarios administrativos para determinar responsabilidades administrativas”.
“En lo que compete a la División Jurídica Legislativa de la Segpres, que era la revisión del decreto 38, esa revisión tenía que hacerse al alero de la legislación que le aplicaba a ese decreto (…) y ese análisis dio cuenta de que el decreto era legal y, por lo tanto, tenía que ser firmado y esto fue refrendado por la toma de razón de Contraloría”, indicó.
