El control de daños que intentó hacer el Gobierno al remover a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, no logró evitar la ofensiva de la oposición a raíz de la compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
Los nombres en los que se ha centrado la polémica por estos días son el de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, nieta e hija del ex Mandatario, quienes firmaron la compraventa de la casa con el Estado, contraviniendo el mandato constitucional de que senadores y ministros tienen la prohibición de celebrar contratos con el Estado.
Así las cosas, y aunque el Gobierno han señalado que presentará una resciliación -es decir, un acuerdo entre las partes para poner fin al contrato-, el hecho es que el acto se celebró y la actuación de la senadora y la ministra pondría, de acuerdo a expertos, en serio riesgo su continuidad en el cargo.
La resciliación está tratada en el artículo 1567, inciso 1°, del Código Civil, y señala que «toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula».
Por tanto, consiste en una convención mediante la cual se extinguen obligaciones (en todo caso, el artículo artículo señalado habla, además, de ‘nulidad’), y así, un contrato de compraventa (en este caso de un bien raíz) bien se puede «resciliar» por las partes, vale decir, dejar sin efecto, y así extinguir las obligaciones surgidas de él.
Ofensiva de Republicanos y CHV
El martes, diputados de Republicanos anunciaron que ingresarán un requerimiento ante el TC para que tanto Fernández como Allende sean «cesadas de sus cargos». Para ello, encargaron al jefe del comité de la bancada del partido, Emiliano García.
En tanto, Chile Vamos siguió ayer los pasos de la extrema derecha y anunciaron que también acudirán al TC. Según dijo el jefe de la bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente, utilizarán «todas las herramientas fiscalizadoras» que les otorga la ley y la Constitución, incluyendo una comisión investigadora que se votará el lunes.
Con estas herramientas, añadió, podrá «formular un sólido requerimiento ante el Tribunal Constitucional para hacer valer las infracciones que se han cometido a la Constitución en este caso». En esa línea, adelantó que el equipo jurídico ya está trabajando en el requerimiento. Esto, pese a que existirían algunas dudas por parte de RN y Evópoli para encauzar la acción. Según conoció Emol, se fichó a Máximo Pavez y Constanza Hube, y también participaría Carlos Oyarzún.
Emiliano García por Republicanos
Emiliano García es el abogado jefe del Comité de la Bancada de Republicanos, tienda en la que milita desde 2022. Titulado de la PUC, el profesional oriundo de La Pintana, se ha convertido en un asesor clave para el partido.
Su formación la tuvo en el área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y en ese contexto ya tuvo representaciones ante el TC.
En 2020 estuvo a cargo de la ofensiva que presentó Chile Vamos para la destitución del exdiputado Hugo Gutiérrez, invocando el artículo 60 de la Constitución que permitía remover al «diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público». En octubre de 2022, García participó en el segundo programa de jóvenes líderes de la Iberosfera, organizada por la Fundación Disenso, ligada a Vox.
Máximo Pavez y Constanza Hube por la UDI
Según confirmó el propio abogado Máximo Pavez a este medio, es él quien está a cargo de la ofensiva de Chile Vamos, especialmente de la UDI, el ala más convencida del bloque para avanzar hacia el TC. Respecto a la polémica por la compraventa de la casa de Allende, Pavez expresó en su cuenta de X que «es totalmente ilegal e inconstitucional».
Pavez es abogado y máster en Derecho, y en el Proceso Constitucional de 2023 fue integrante de la Comisión Experta, patrocinado por la UDI, instancia en la que presidió la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos.
Entre 2012 y 2016, fue concejal de la comuna de Conchalí, RM. Militante de la UDI, entre marzo de 2018 y enero de 2021 se desempeñó como jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Desde esa última fecha hasta marzo de 2022, fue Subsecretario General de la Presidencia. Además, es profesor de derecho constitucional en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Por su parte, la abogada Constanza Hube dijo a Emol que «yo participaré del equipo de abogados aunque todavía no hemos visto quién será el que lo patrocinará. Eso lo estamos viendo con el jefe de bancada». Añadió que «sin perjuicio que las causales son evidentes, estamos recabando todos los antecedentes de hecho y de derecho para que (el requerimiento) quede robusto».
Hube es abogada y política de la UDI, y fue integrante de la Convención Constitucional en representación del 11° distrito, RM. Desde 2013, es profesora de derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido investigadora del del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, y miembro del Grupo de Derecho Público de Carey (abogada senior). Ha publicado distintos artículos y trabajos académicos sobre derecho constitucional.
Gabriel Osorio por la familia Allende
En tanto, desde la parte requerida, la familia Allende fichó al abogado Gabriel Osorio para que los represente. Así lo anunció el martes, en un punto de prensa, la senadora Isabel Allende. «Si la oposición acude -como lo ha anunciado- al Tribunal Constitucional, está en su pleno derecho. Como está en su pleno derecho, pues, como familia, o en este caso como senadora, defendernos. Para este caso entregamos también un mandato al abogado Gabriel Osorio para que nos represente como familia», subrayó.
Osorio es magíster en derecho con mención en Derecho Público, y en el Proceso Constitucional 2023 fue integrante de la Comisión Experta, patrocinado por el PS. Ha desarrollado labores académicas en distintas universidades públicas y privadas, y es socio fundador del estudio Osorio Vargas & Abogados.
Entre 2015 y 2018 fue abogado asesor en la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Anteriormente, trabajó como abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 2014. Entre sus publicaciones, escribió el libro «Historia Institucional y dogmática jurídica de los Partidos Políticos».
Fuente: Emol.com
