Documentación, y diversos dispositivos electrónicos como computadores, tablets, y telefonos celulares, fueron incautados por detectives de la PDI, que bajo la dirección del fiscal Marco Muñoz, se constrituyeron pasado el mediodía de ayer en las dependencias del Gobierno Regional.
La Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer indicó que se levantó información que es necesario examinar para seguir avanzando con las distintas aristas investigativas del caso, que se sumaran a una serie de consultas realizadas por los persecutores a municipios y otras entidades públicas, a través de oficios.
Wittwer indicó que se trata de una investigación de alta complejidad, por lo que para asegurar el exito de la investigacion y el correcto análisis, la personera aseguró el resguardo de las diligencias futuras y de los hallazgos
El jefe jurídico del Gobierno Regional, Alejandro Macías, dio antecedentes del tenor de la diligencia practicada por el equipo de la PDI bajo instrucciones del fiscal Marcos Muñoz, recalcando la cooperación del Gobernador Vallespín y de su equipo, y que se trataba de solicitudes nuevas del persecutor
Tras una reunión con el fiscal Marco Muñoz en su despacho, Vallespin salió a enfrentar la situación.
Mostrando el acta de Registro, entrega e incautación voluntaria de todo lo solicitado por el persecutor, el Gobernador Regional indicó que pidió al Fiscal que los elementos incautados les sean devueltos lo antes posible, por tratarse de instrumentos de trabajo
Vallespín defendió nuevamente su accionar y el de su equipo de confianza, asegurando que en el traspaso de recursos a fundaciones no habian problemas éticos, legales ni normativos.
El Gobernador Regional aseguró no arrepentirse del camino emprendido para buscar avanzar en temas que calificó como prioritarios para la población.
Cabe recordar que el pasado 3 de julio, el propio Gobernador Patricio Vallespin intentó entregar personalmente 69 cajas con documentos a la Fiscalía, que en su momento le fueron rechazados por el persecutor Marco Muñoz, debido a que no habia solicitado esa informacion, la que no estaba además categorizada e indexada para el analisis de la Fiscalía.
Ahora, el ente persecutor tendría 5 días para analizar los elementos incautados desde las oficinas del Gobernador y de su equipo cercano, en busca de contrastar la informacion que ya les habia sido suministrada por el Gobierno Regional
