Una de las aristas del Caso Convenios es el traspaso irregular de recursos desde los Gobiernos Regionales a organizaciones privadas sin fines de lucro, por lo que las autoridades locales han estado en la mira del Ministerio Público, de parlamentarios, del Ejecutivo y de la ciudadanía.
El 2021 fue la primera vez que se escogió a los gobernadores regionales a través de sufragio universal. Ante la reciente creación de esta figura, los diputados de la bancada del Partido Republicano identificaron que aún hay algunas «contradicciones» constitucionales. Por ejemplo, lo que tiene relación con la posibilidad de acusar constitucionalmente a un gobernador regional.
En ese contexto, presentaron un proyecto de ley para precisar que los gobernadores regionales sí son sujetos pasivos de acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados.
Se trata de una moción que clarifica que esta facultad también la tienen los integrantes de la Cámara Baja y no sólo los senadores, como ocurre hoy, pues la norma está establecida en el Artículo 52 y 53 Nº1 de la Carta Magna y no en 52 Nº2 letra 1.
A juicio de los parlamentarios «se hace necesario una ley interpretativa que no de espacio a equívocos respecto de la posibilidad de acusar constitucionalmente a los Gobernadores Regionales» y así dar «concordancia y coherencia» a la Carta Magna.
El jefe de la Bancada Republicana, Benjamín Moreno, dijo que «esta facultad es sumamente necesaria, ante la serie de casos de presuntas irregularidades con traspasos de fondos públicos de manera directa a fundaciones del mismo signo político, como ejemplo lo ocurrido en la Región del Biobío con el caso de Camila Polizzi del Frente Amplio. Queremos evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir y que de producirse, podamos recurrir a esta herramienta de fiscalización».
Fuente: Emol
