En la Corte de Apelaciones de Antofagasta tuvo lugar este lunes la audiencia por la solicitud que presentó el Ministerio Público para desaforar a la diputada Catalina Pérez a raíz del caso Democracia Viva.
Así, tras escuchar a las partes, el tribunal de alzada acordó por unanimidad desaforar a la congresista, dando pie a que la Fiscalía pueda formalizar y pedir cautelares en su contra.
Ya están formalizados en esta investigación, el ingeniero y ex dirigente estudiantil Daniel Andrade, expareja de Pérez, el otrora jefe e gabinete de la diputada, Carlos Contreras, y la exconcejal por Antofagasta Paz Juica. Todos eran militantes del extinto partido Revolución Democrática (RD).
Al exponer ante los magistrados, el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, acusó que hubo una maquinación para obtener recursos “con fines políticos” a partir de los convenios que beneficiaron a la fundación Democracia Viva.
“La que daba las indicaciones era Catalina Pérez”
Según el fiscal, la legisladora era “la que dirigía la organización”.
Aguilar sostuvo que la fundación carecía de oficina y funcionaba en forma virtual por lo que contactaron a la militante de RD Cecilia Millán y usaron su dirección en la calle Exequiel Fernández de Ñuñoa como domicilio comercial.
En esa línea, el persecutor dio cuenta de comunicaciones entre la diputada y su expareja en que se inferían las maniobras que hicieron cuando estalló el escándalo por el caso.
“En las conversaciones por WhatsApp que se citan uno puede percibir que la que daba las indicaciones era Catalina Pérez ¿Y de qué? Había que evitar ser descubierto ¿Y cómo lo evitaban? Simulando y aparentando que el domicilio de Ezequiel Fernández de Ñuñoa era el domicilio donde operaba Democracia Viva”, aseguró.
Por qué se quiere formalizar a Pérez
La indagatoria cuestiona los convenios por $426 millones que suscribió la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, siendo encabezada por Contreras, con Democracia Viva, entidad que lideraba Andrade. Se apunta a una asignación irregular de fondos públicos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu a una fundación que no tenía las competencias y no cumplía con los requisitos para la ejecución de tres convenios que fueron pactados entre septiembre y octubre de 2022.
Se alega que la diputada habría facilitado la asignación de los fondos a la fundación, violando el principio de prioridad administrativa y además participando en la manipulación de los convenios, de manera de beneficiar a la entidad que dirigía su expareja. Por ello se le imputan a Pérez tres delitos consumados de fraude al fisco.
La Fiscalía de Antofagasta sostiene que se han reunido antecedentes durante la investigación que permiten atribuir responsabilidad a la diputada, que se sustentan en su vinculación con los imputados.
La carrera política de la diputada
Catalina Pérez fue la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados desde el 7 de noviembre de 2022 hasta el 20 de junio de 2023.
Su carrera política la forjó en Antofagasta como vocera secundaria en las protestas “pingüinas” y luego como dirigenta estudiantil en la carrera de Derecho de la Universidad Católica del Norte.
Ese trabajo le permitió llegó a presidir Revolución Democrática (RD), el extinto partido oficialista que fue puntal del ascenso de su generación al poder y la llegada de Gabriel Boric al gobierno.
Fuente: latercera.com
