El Gobierno de Chile, junto al Grupo de Lima, condenó la “detención arbitraria” del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, y el anuncio de procesamiento de otros nueve diputados de esa entidad.
“Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima expresan su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional legítima”, señala un comunicado difundido por la Cancillería.
Se trata de los diputados Edgar Zambrano Ramírez, Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia, Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Richard José Blanco Delgado, quienes serán procesados “por sus labores en la recuperación de la institucionalidad democrática de Venezuela”, según el comunicado.
Además, expresa que “rechazamos categóricamente la arbitraria detención del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue trasladado la noche de este miércoles a través del uso de la fuerza a la sede de la policía política de Nicolás Maduro, al mando del general sancionado (por EEUU) Gustavo González López”.
“Lo anterior representa un acto írrito e inconstitucional, ya que, de acuerdo con la Constitución venezolana, el único órgano que puede levantar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. El allanamiento de esta prerrogativa sin un debido proceso por una autoridad espuria como lo es la Asamblea Nacional Constituyente conforma una afrenta a los principios democráticos y derechos humanos reconocidos en el derecho internacional”, concluye la nota oficial.
Edgard Zambrano y los otros nueve diputados están acusados por los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia.
Fuente: La Nación
