Por Ricardo Montesinos, Director SAGO A.G y Director de Multigremial del Sur
En su última aparición pública, el director nacional de Conadi aseguró que el Estado había adquirido 170 mil hectáreas que equivalían al 10% de la “deuda” con el pueblo mapuche. No deja de llamar la atención que en 2014, las cifras del servicio publicadas en un amplio reportaje de La Tercera ya hablaran de casi 500 mil hectáreas traspasadas desde 1994 a esa fecha. ¿A cuál de las dos cifras hay que creerle?
Pero hay más. En el mes de junio, la Presidenta Michelle Bachelet aseveró que durante los últimos 25 años “hemos comprado, subsidiado o regularizado casi 230 mil hectáreas de tierras indígenas al pueblo mapuche y sólo por ese ítem, el Estado ha invertido 584 mil millones de pesos”.
Poco importa en el debate, al parecer, que la mayoría de los beneficiados con las miles hectáreas no viven en las tierras entregadas, según Conadi, por falta de luz eléctrica, agua potable, caminos, etc… lo que hace en su gran mayoría, estas hectáreas permanezcan improductivas, en un fenómeno similar al proceso de Reforma Agraria que terminó por expropiar 10 millones de hectáreas a sus legítimos dueños, generando una caída de casi 7 puntos en el PIB agrícola, hacia el año 1973, sin considerar la estela de odio propia de la retórica de un proceso que el actual Ejecutivo se empeña en “rescatar”, entregando para ello 110 millones de pesos a un ex mirista encargado de hacer un documental al respecto.
En esta danza de hectáreas cuyo número exacto no se ve claro, el mundo político sigue sin poner el acento sobre cuándo se terminará de pagar la deuda, lo que a todas luces resulta kafkiano, dado que de acuerdo a los datos de la Multigremial de La Araucanía, la problemática de tierras está absolutamente cuantificada: de las 512.493,67 hectáreas que reconocían los títulos de Merced del siglo XIX, a inicios de los 80 quedaban 463.409,81, es decir, se había generado una diferencia de 49.000 hectáreas, aproximadamente, en contra del pueblo mapuche. Esa era la deuda sobre la cual había que trabajar, antes de entrar en esta inorgánica vorágine de compras y entrega con una finalidad poco clara.
Aún agregando las ventas de terrenos que permitió el marco jurídico vigente, es claro que hoy existen ya más de 512 mil hectáreas establecidas por los títulos de Merced en manos de mapuches.
Y el problema sigue creciendo, ya que de acuerdo al catastro realizado por la Conadi, si en el año 1994 eran 538 las comunidades que postulaban buscar el beneficio, dos décadas después el número bordeaba ya los 2.100.
El explosivo incremento de estas agrupaciones que reclaman territorio al Estado, se ve propiciado por la legislación, que permite la división comunidades, lo que comprobadamente generó que muchas de ellas se vean beneficiadas más de una vez. Hace ya tres años, la Fundación Aitue reconocía que solo se necesitaba que se reúna un grupo de diez personas para generar una comunidad y ponerse en la lista de los aspirantes a recibir tierras, provocando una presión ilógica al proceso, básicamente porque el territorio no es infinito.
Tanto la Conadi, en cuanto servicio dependiente, como su programa de entrega de tierras, muestran caducidad. A casi 25 años de la promulgación de la Ley Indígena, el plan demuestra haberse extraviado en el horizonte y en la ejecución, y lo que se requiere hoy es un organismo capaz de tener acción propositiva a nivel legislativo, capacidad en el diseño de políticas públicas y coordinación en materia de diálogo.
Las tierras debieran tener una finalidad productiva, y en tal sentido se requiere dar un giro al sistema. Partiendo por esclarecer cuál es la “deuda”, para poder saldarla en un plazo programado, y luego atender a las verdaderas demandas detrás de la entrega a granel, ya que un botón de muestra clarificador es el estudio de “Población Mapuche regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, que arrojó que más de un 88% de los mapuches encuestados estima que las tierras deberían entregarse a familias y no a comunidades.
