El 6 de agosto, en Osorno, se llevará a cabo la segunda reunión de la mesa de mediación colectiva que lleva adelante el Sernac junto a gremios y afectados de la crisis sanitaria por agua. Los afectados serán representados por Juan Horacio Carrasco y Mario Uribe, presidentes de la Cámara de Comercio de Osorno y Cámara de Comercio del Barrio Lynch, respectivamente. A ellos se sumará también un represente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
En conversación con La Tercera PM, Carrasco afirma detalló que el gremio no está dispuesto a dejar fuera una compensación monetaria y que su entidad cifra en US$11 millones las pérdidas totales del comercio osornino, número que buscan subsanar. Además, asegura que no están dispuestos a aceptar sólo una reparación del no pago de la cuenta del agua por más de tres meses a modo de compensación.
“Los US$11 millones son referenciales. Aquí hay que hacer un trabajo o estudio individual de cada uno de los afectados y determinar el daño emergente, como también el lucro cesante. En función de eso, nosotros estaríamos solicitando las indemnizaciones correspondientes”, sostuvo el presidente del gremio.
Los afectados deberán llenar un formulario que determinará las pérdidas inicialmente. Pero “mientras no haya acciones legales y civiles en contra de Essal, lo que se determinó es que se rellene un formulario para cuantificar el daño”.
En paralelo, Essal y la Superintendencia de Servicios Sanitarios deberán rendir cuentas ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde nueve recursos de protección se tramitan por personas naturales que acusan una serie de vulneraciones a los derechos consagrados por la Constitución Política del país.
Los requerimientos fueron acogidos a tramitación, y si bien aún no existe un pronunciamiento del tribunal de alzada, la SISS solicitó un plazo adicional de 10 días adicionales a contar de este viernes 26 de julio para contestar el requerimiento.
El primero de los recursos de protección fue presentado por el diputado Javier Hernández Hernández (UDI), quien acusó que por los efectos generados por la emergencia provocada por Essal “constituyen una grave perturbación y amenaza a nuestro derecho a vivir y desarrollar condiciones de vida en un medio ambiente libre de afectación ambiental”.
Las demandas de indemnización de perjuicios que eventualmente podrían asomar en el horizonte de la compañía, en caso de fracasar la instancia de mediación abierta por el Servicio Nacional del Consumidor, no son los únicos flancos abiertos que deja la crisis sanitaria. Algunos de los conflictos incluso podrían demorar años de resolución y un ejemplo claro de ello, son las acciones judiciales que presentaron los afectados por el desborde del Río Mapocho del año 2016 y que a la fecha aún se ventilan en tribunales.
Fuente: La Tercera
