La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, tras un extenso informe concluyó que “no es posible concluir, bajo ninguna circunstancia, que exista un vínculo entre la causa mapuche o las demandas territoriales de pueblos inredígenas con la organización delictual que posibilita el desarrollo y comercio del crimen organizado en torno a la sustracción de madera”.
La comisión está compuesta por los parlamentarios Eric Aedo (DC), Miguel Mellado (RN), Emilia Nuyado (PS), Ericka Ñanco (RD), Alejandra Placencia (PC), Jorge Rathgeb (RN), Flor Weisse (UDI), entre otros.
Según el informe al que accedió Radio Bíobío, tenía como propósito determinar responsabilidades políticas en la percusión de delitos en la Macrozona Sur. De acuerdo al registro de la Comisión Parlamentaria Especial, el flagelo involucra más de 25 mil camiones que circulan con madera robada. Esto ha generado al Fisco la pérdida de 100 millones de dólares.
“Se observa una débil capacidad del Estado para abordar el fenómeno de robo de la madera, el que se trata de un complejo mecanismo que involucra una serie de etapas, donde su control no solo debe efectuarse en la prevención del delito o en la persecución en flagrancia”, consignó el texto.
La Comisión Investigadora analizó el caso de 32 aserraderos clandestinos ubicados entre las comunas de Cañete y Los Sauces, en un radio de 90 kilómetros, que no habían sido fiscalizados.
En el informe reportan que “de acuerdo a los testimonios recabados en la Comisión, no es posible concluir, bajo ninguna circunstancia, que exista un vínculo entre la causa mapuche o las demandas territoriales de pueblos indígenas con la organización delictual que posibilita el desarrollo y comercio del crimen organizado en torno a la sustracción de madera”.
A partir del análisis la Comisión realizó una serie de propuestas para enfrentar el robo de madera y apuntó la labor de las policías, instituciones, como, por ejemplo, la Fiscalía y el Servicio Impuestos Internos.
“La Comisión llegó a la conclusión de que se necesitan más fiscales para la zona afectada por el robo de madera, y también que sean fiscales especializados”, destacó.
Y recomendó que “debe dotarse a los distintos organismos (Fiscalías, Policías, SII, Aduanas, Conaf) del equipamiento tecnológico que les permita una adecuada fiscalización en terreno y el cruce de información, entre sí y con las empresas del rubro, para establecer “sellos de buena madera”, que permita mejorar y uniformar la trazabilidad de la madera”.
En el caso de la Policía de Investigaciones (PDI) instaron a dotar recursos en el transporte aéreo autónomo, mientras que en Carabineros, recomendaron tener la información de inteligencia para conocer los horarios y las rutas de transporte del material robado (origen y destino de la carga). Además, implementar un sistema de rotación en el cuerpo policial para evitar casos de corrupción.
“Dada la magnitud del negocio ilícito, no se puede descartar que en algunas instituciones públicas la corrupción esté instalada y, por ello, el Estado debe estar muy atento ante eventuales casos de corrupción que podrían estar vinculados a un negocio ilegal de estas características”, consignaron.
Y concluyeron que “debe prestarse atención no solo al robo de madera, sino también a la tala ilegal de bosque nativo, sobre todo en predios fiscales de gran envergadura, situados especialmente en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos”.
